VALÈNCIA — Una jueza de Torrent (Valencia) ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido el viernes en Picanya al que la Guardia Civil considera presunto fundador e impulsor del movimiento Blocus en España. La resolución judicial, conocida este sábado 31 de octubre, supone un nuevo paso en la investigación sobre los llamamientos difundidos por internet para organizar disturbios y posibles saqueos en varias ciudades.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el investigado no podrá acceder desde prisión a ordenadores ni a otros dispositivos que le permitan utilizar redes sociales. La medida se adopta mientras se instruye una causa por presuntos delitos relacionados con una organización criminal orientada a incitar desórdenes públicos, robos con fuerza en establecimientos comerciales y daños. Las imputaciones son provisionales y el detenido conserva la presunción de inocencia.
La investigación se centra en los canales de Telegram
La Guardia Civil atribuye al sospechoso la creación y administración de grupos de Telegram empleados, presuntamente, para difundir convocatorias y coordinar acciones violentas. En su comunicado del viernes, el instituto armado explicó que las investigaciones estaban relacionadas con los altercados del 24 de octubre en Barcelona, en los que participaron unas 500 personas.
La agencia Reuters informó el 30 de octubre de la detención y del seguimiento policial de canales que promovían movilizaciones bajo consignas estudiantiles. Algunos mensajes animaban a acudir vestidos de negro o con máscaras durante la noche de Halloween, mientras otros contenían llamamientos a destrozos y saqueos. La existencia de esas publicaciones no implica que todos los participantes en las protestas compartieran esas intenciones.
La decisión judicial llega antes de las nuevas convocatorias
El arresto se produjo cuando las autoridades preparaban dispositivos preventivos para las concentraciones anunciadas el 31 de octubre. Los Mossos d’Esquadra reforzaron la seguridad en Barcelona y numerosos comercios protegieron sus escaparates ante el temor a incidentes.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han practicado otras detenciones en investigaciones relacionadas con llamamientos a actos violentos. Las diligencias de Torrent deberán determinar el papel concreto del sospechoso, la relación entre los diferentes grupos y si las conductas investigadas constituyen los delitos atribuidos provisionalmente. La prisión preventiva no equivale a una condena.
