MADRID — Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sigue sin responder ante la comisión parlamentaria encargada de las relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre el destino de 3.539 millones de euros en premios no repartidos, según el informe de seguimiento aprobado el 29 de octubre por el órgano fiscalizador. La falta de explicaciones constituye uno de los incumplimientos pendientes pese a las mejoras reconocidas en el control de pagos.
La sociedad estatal cuestiona el cálculo y la denominación de esa cantidad. Sostiene que se trata de premios no cobrados o no reclamados, cuyo derecho de cobro caduca a los tres meses, y explica que esos importes se contabilizan como otros ingresos de explotación. El Tribunal no considera atendida la petición: SELAE tampoco trasladó formalmente estas explicaciones a la Comisión Mixta del Congreso y el Senado.
Otros 14,8 millones en pagos sin documentación suficiente
El informe señala además 519 expedientes de premios mayores abonados a través de entidades bancarias entre 2023 y 2025 sin toda la documentación contractual exigida. Su importe conjunto asciende a 14,79 millones de euros. Son el 0,31% de los 168.449 expedientes examinados, una proporción muy inferior a la registrada en la fiscalización anterior.
SELAE decidió no reclamar a los bancos la retrocesión de esos pagos al considerar que la ausencia de documentos no demuestra por sí misma un cobro indebido. El Tribunal discrepa: entiende que la documentación es una condición contractual para validar los pagos y que renunciar a ejercer ese derecho puede perjudicar a los fondos públicos. Esta observación no equivale a afirmar que los premios se abonaran a beneficiarios fraudulentos.
El Tribunal reconoce avances en los controles
El balance general del organismo fiscalizador es favorable. A julio de 2026, 28 de sus 30 recomendaciones estaban cumplidas total o sustancialmente, una parcialmente y otra seguía incumplida. La entidad ha reforzado los mecanismos contra el blanqueo de capitales, la supervisión documental y las herramientas tecnológicas para detectar operaciones sospechosas.
La controversia se concentra así en dos obligaciones de rendición de cuentas: aclarar ante las Cortes la cifra de premios no repartidos y determinar si deben reclamarse a las entidades financieras los pagos insuficientemente documentados. El informe no acredita la desaparición de 3.539 millones, pero mantiene abierta la exigencia de una explicación verificable de su tratamiento contable.
