Las empresas españolas deberán adaptar la información que facilitan a sus trabajadores sobre las condiciones esenciales del empleo y explicar los sistemas algorítmicos utilizados para determinar condiciones laborales o extinguir contratos. El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto que transpone la Directiva europea 2019/1152 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles.
La norma amplía el contenido mínimo que debe quedar claramente comunicado en la relación laboral. Entre otros elementos figuran las fechas de inicio y finalización cuando proceda, el centro de trabajo, las funciones, la categoría profesional, el salario base y complementos, el cálculo de conceptos variables, la jornada, su distribución, las horas extraordinarias, las vacaciones y las reglas aplicables a modificaciones de horario.
Treinta días para contratos ya vigentes
Los trabajadores con contratos en vigor en los que no conste la información esencial podrán solicitarla a la empresa. Según la referencia oficial del Consejo de Ministros, la compañía dispondrá de un máximo de 30 días para facilitar esos datos.
Trabajo deberá además poner a disposición de empresas y trabajadores un modelo de documento informativo sobre los elementos esenciales del contrato en un plazo máximo de 20 días, coincidiendo con la entrada en vigor de la norma. Se prevé igualmente documentación específica para trabajadores de la pesca y gente de mar.
Los algoritmos entran en la información laboral
Uno de los cambios con mayor alcance práctico es el reconocimiento del derecho individual a conocer los sistemas algorítmicos utilizados para determinar cualquier condición de trabajo o la extinción del contrato. La obligación afecta potencialmente a herramientas automatizadas empleadas en organización de turnos, asignación de tareas, evaluación o decisiones con consecuencias laborales.
El impacto puede ser especialmente relevante en sectores con elevada automatización de la gestión de plantillas, como plataformas digitales, logística, comercio, turismo e industria. Las empresas tendrán que identificar qué sistemas intervienen efectivamente en decisiones laborales y comprobar si la información contractual y complementaria que proporcionan cumple las nuevas exigencias.
La aplicación práctica dependerá ahora de la publicación del texto definitivo y de su entrada en vigor. El BOE permitirá precisar el régimen transitorio, el encaje de las obligaciones documentales y las eventuales consecuencias sancionadoras. Para las compañías, la primera tarea será auditar contratos, protocolos internos y herramientas automatizadas que intervienen en la gestión de personal.
