MADRID — El Consejo de Seguridad Nacional ha comenzado este martes a las 10.00 horas en el Palacio de la Moncloa para analizar la crisis migratoria y de seguridad de Ceuta, casi un mes después de la entrada masiva de más de 80.000 personas desde Marruecos. La reunión extraordinaria está presidida por Pedro Sánchez y cuenta con la participación por videoconferencia del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, además de ministros y responsables de seguridad, defensa, inteligencia y política exterior.
Ceuta, declarada situación de interés para la seguridad nacional
El Gobierno prepara la declaración de Ceuta como situación de interés para la seguridad nacional. La medida permitirá elevar la coordinación institucional y ordenar la respuesta ante la presión fronteriza, la acogida y la gestión de los retornos. El Consejo de Ministros deberá formalizarla mediante un real decreto tras la reunión.
La principal novedad será la creación de un mando único para centralizar la gestión de la crisis. Estará dirigido por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, e incluirá un comité especializado con la participación de Juan Jesús Vivas, el delegado del Gobierno en Ceuta, responsables del CNI y los departamentos ministeriales implicados.
Retornos, menores y respuesta económica
El nuevo dispositivo deberá coordinar la seguridad fronteriza, los retornos de quienes no tienen derecho a permanecer en España y la atención a los menores no acompañados y a los solicitantes de asilo. Carlos Cuerpo ha defendido que el mando único debe acelerar la tramitación de los expedientes, siempre con garantías legales y humanitarias.
El vicepresidente primero también ha anunciado una ampliación extraordinaria e inmediata del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta, dotado hasta ahora con más de 180 millones de euros. El paquete incluirá medidas de seguridad, gestión migratoria y apoyo a la actividad económica de la ciudad.
La reunión se celebra antes del primer Consejo de Ministros tras el parón estival, en una semana en la que varios miembros del Gobierno deberán comparecer en el Congreso para explicar la gestión de la crisis.
