MADRID — La crisis de Ceuta ha provocado este viernes su primera dimisión política y, sobre todo, ha trasladado las contradicciones sobre los avisos previos al interior de la propia Administración. Gonzalo Sanz, jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, ha presentado su dimisión después de sostener que sí trasladó al delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, la información que recibió del CNI el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva.
Sanz alega oficialmente motivos personales y familiares, pero reconoce una incompatibilidad entre su versión y la defendida públicamente por Pérez Triano. El delegado asegura que no recibió ni conoció los mensajes de WhatsApp ni la conversación telefónica de once minutos mantenida aquella noche entre su jefe de gabinete y un agente del CNI. Este jueves, el PSOE de Ceuta ya admitía que la confianza entre ambos se había «quebrado».
La desclasificación no cierra la crisis
Los documentos desclasificados por el Gobierno confirman que el CNI comunicó el 29 de julio a la Delegación que circulaba en redes sociales un llamamiento para entrar en Ceuta «por valla y mar» al día siguiente. También constan comunicaciones posteriores. Sin embargo, esos documentos no permiten determinar por sí solos si Sanz trasladó internamente esa información a Pérez Triano, que sigue descartando dimitir.
La salida introduce así una pregunta más incómoda que la existencia del aviso: ¿dónde se rompió exactamente la cadena de información? Hasta ahora, La Moncloa ha defendido que ninguna comunicación permitió anticipar la magnitud de una crisis que terminó movilizando a decenas de miles de personas. Pedro Sánchez sostuvo en el Congreso que los avisos no superaban la descripción de datos o advertencias rutinarias y no anticipaban ni la escala ni la probabilidad del episodio.
El problema empieza a entrar en el PSOE
La tensión ya no se limita a la oposición. Dirigentes socialistas de Ceuta cuestionan abiertamente la gestión del delegado. El diputado socialista Melchor León llegó este jueves a afirmar que Pérez Triano estuvo presente durante la llamada de once minutos con el CNI, una acusación que contradice frontalmente la versión del delegado y que no está acreditada por los documentos publicados.
A ello se suma el malestar recogido entre dirigentes del PSOE por la gestión política de la desclasificación. El Ejecutivo presentó la publicación de los informes como un ejercicio de transparencia, pero el resultado ha abierto nuevas preguntas sobre Interior, Defensa, el CNI y la Delegación.
Hablar ya de una fractura del Gobierno de Pedro Sánchez sería prematuro. Pero la dimisión de Sanz marca un cambio de fase: por primera vez, la crisis produce una consecuencia política directa dentro de la estructura estatal y enfrenta públicamente versiones incompatibles entre responsables de la misma Delegación. La siguiente decisión sobre Pérez Triano determinará si el episodio queda contenido en Ceuta o escala hacia La Moncloa.
