MADRID — El Gobierno publicará este miércoles alrededor de 40 documentos relacionados con la entrada masiva de migrantes en Ceuta, en un intento de responder a la creciente presión política sobre la gestión de la crisis. El Consejo de Ministros ha aprobado la desclasificación de informes elaborados o recibidos entre el 1 de julio y el 1 de agosto por organismos como el CNI, la inteligencia militar, la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha asegurado que los documentos podrán consultarse a lo largo de la mañana en la web de Moncloa después de un proceso de anonimización. «No tenemos nada que esconder», ha defendido. El Gobierno sostiene que hará pública toda la documentación que pueda difundirse sin comprometer la seguridad nacional y que, si aparecen nuevos informes relevantes, también serán comunicados.
La desclasificación no será absoluta
La publicación, sin embargo, tiene límites. Algunas informaciones seguirán protegidas por contener datos sensibles o aportaciones procedentes de servicios de inteligencia aliados. La Cadena SER señala además que entre la documentación figura un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que mencionaba la posibilidad de una entrada masiva coincidiendo con el Día del Trono marroquí. La cuestión clave será ahora determinar cuándo llegó cada aviso, a qué organismos fue distribuido y qué capacidad tenía para anticipar la magnitud real de lo ocurrido los días 30 y 31 de julio.
La iniciativa pretende respaldar la versión defendida por Pedro Sánchez en el Congreso: que los informes disponibles antes de la crisis no permitían prever una entrada de la dimensión finalmente registrada. Pero la oposición cuestiona de antemano el alcance de la transparencia anunciada.
Feijóo endurece el choque con Sánchez
Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que no espera «nada» de los documentos porque, según sostiene, estarán «recortados». El líder del PP ha acusado al Ejecutivo de no haber sabido anticipar ni gestionar la crisis y ha asegurado que, de gobernar, trasladaría a Marruecos que España exige detener lo que califica de «agresión». Moncloa replica acusándole de alimentar teorías conspirativas y le reclama una actitud de Estado.
La batalla política se produce mientras continúan abiertas varias vías para esclarecer lo ocurrido. La Audiencia Nacional investiga la crisis y el Gobierno sigue evitando atribuir formalmente a Marruecos la organización de la entrada masiva. Al mismo tiempo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclama en Bruselas una mayor implicación europea y una revisión de la dependencia fronteriza respecto a Rabat.
Los 40 documentos convertirán el miércoles en una nueva prueba para el relato del Ejecutivo. Más que su volumen, será decisivo conocer qué advertencias existían, cuándo llegaron a los responsables políticos y si permiten sostener o cuestionar la afirmación de que una crisis de esta magnitud no podía anticiparse.
