VARSOVIA — Polonia afronta este sábado una grave crisis institucional después de que se anunciara la suspensión temporal del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. La decisión, cuya legalidad es objeto de una disputa abierta, provocó protestas ante la sede judicial de Varsovia y llevó al presidente de la República, Karol Nawrocki, a interrumpir su viaje oficial a Senegal y regresar de urgencia al país.
El enfrentamiento enfrenta al Gobierno del primer ministro Donald Tusk con la dirección del tribunal y la oposición nacionalconservadora de Ley y Justicia (PiS). Los dirigentes judiciales afectados y políticos del PiS denuncian un supuesto «golpe de Estado», una acusación política que no debe confundirse con la constatación de un derrocamiento del Gobierno ni de una toma militar del poder.
Una suspensión rechazada por la dirección del tribunal
La jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció el viernes la suspensión por un mes de Święczkowski y Sochański y afirmó asumir provisionalmente la dirección del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la propia institución publicó un mensaje en el que cuestionaba su legitimidad para ejercer esas funciones y sostenía que Święczkowski continuaba en el cargo. La controversia refleja la disputa sobre qué jueces y autoridades están habilitados para dirigir el órgano.
En paralelo, el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, solicitó el levantamiento de la inmunidad de los dos magistrados para poder impulsar actuaciones penales. Esas solicitudes no equivalen a condenas ni resuelven la disputa sobre la dirección del tribunal.
El presidente regresa y convoca conversaciones de emergencia
Karol Nawrocki ordenó interrumpir su desplazamiento a Senegal el viernes y regresó a Varsovia. Durante la noche entró en el edificio del Tribunal Constitucional, tras reunirse con responsables judiciales. Este sábado ha denunciado lo que considera una vulneración del orden constitucional y ha convocado conversaciones urgentes con las fuerzas parlamentarias.
La policía desplegó agentes antidisturbios alrededor de la sede judicial, donde se concentraron simpatizantes del PiS y se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Según Associated Press, tres personas fueron detenidas tras incidentes en los que algunos manifestantes atravesaron una valla y lanzaron objetos contra los agentes. La policía ha indicado que sus efectivos no entraron en el edificio del tribunal.
Tusk defiende la recuperación del Estado de derecho
Donald Tusk sostiene que la transformación de la justicia es necesaria para restaurar el Estado de derecho después de los ocho años de Gobierno del PiS, entre 2015 y 2023. En ese periodo, la independencia del sistema judicial polaco fue objeto de una prolongada controversia con las instituciones de la Unión Europea, que cuestionaron reformas consideradas susceptibles de someter a los jueces a influencias políticas.
La oposición acusa ahora al Ejecutivo de intentar controlar la jurisdicción constitucional. El Gobierno, por su parte, reprocha a la dirección del tribunal haber impedido que magistrados elegidos por la actual mayoría parlamentaria ocuparan sus puestos. El presidente Nawrocki ha bloqueado nombramientos promovidos por esa mayoría, lo que ha agravado el conflicto institucional.
Una disputa con consecuencias europeas
El Tribunal Constitucional tiene un papel central en la interpretación de la Constitución polaca y en los conflictos sobre la relación entre el derecho nacional y el europeo. Durante los anteriores gobiernos del PiS, sus decisiones sobre la primacía del derecho polaco alimentaron tensiones con Bruselas.
La crisis actual plantea una cuestión diferente pero igualmente decisiva: cómo corregir posibles vulneraciones anteriores de la independencia judicial sin comprometer las garantías legales y la separación de poderes. Mientras ambas partes reclaman legitimidad constitucional, sigue sin existir una solución institucional aceptada por todos los actores. Las conversaciones anunciadas por Nawrocki y las decisiones judiciales posteriores determinarán la evolución inmediata del conflicto.
