MADRID — El Gobierno español ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo la identidad de 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos y cuyo derecho al voto permanece suspendido cautelarmente para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Los ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de Asuntos Exteriores han remitido la documentación dentro del plazo establecido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que había advertido a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares de posibles multas y responsabilidades penales en caso de incumplimiento.
La cifra definitiva supera los 163.020 afectados comunicados inicialmente. Según los datos facilitados por Exteriores, los consulados españoles han expedido hasta ahora 901 certificados a personas que han acreditado ser descendientes de exiliados, requisito exigido por el Supremo para conservar el derecho al voto en estos comicios.
El Supremo mantiene la suspensión cautelar del voto
El procedimiento judicial responde a los recursos promovidos por Vox e Iustitia Europa contra la incorporación al censo electoral de residentes ausentes (CERA) de personas nacionalizadas mediante la Ley de Memoria Democrática de 2022.
La controversia se centra en la instrucción administrativa que amplió los supuestos para acceder a la nacionalidad española y estableció una presunción de exilio para determinados descendientes de españoles emigrados durante el franquismo.
El Supremo acordó suspender cautelarmente el voto de los afectados, aunque estableció una excepción para quienes puedan acreditar mediante certificado consular que son hijos o nietos de exiliados por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual.
La medida afecta al ejercicio del sufragio en las elecciones del 29 de noviembre, no supone por sí misma la retirada de la nacionalidad española.
El Gobierno solicita proteger la identidad de los afectados
La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que declare reservada la relación nominal entregada este miércoles, al contener datos personales sensibles.
El Ejecutivo sostiene que esta protección es necesaria para evitar un uso ilegítimo de la información por las partes personadas en el procedimiento.
El Ministerio de Justicia ya había remitido el 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral los datos de 76.600 personas registradas digitalmente como nacionalizadas mediante la Ley de Memoria Democrática. Posteriormente, Exteriores coordinó la revisión de los expedientes consulares para completar la documentación reclamada por los magistrados.
Pendientes de nuevas decisiones antes del 29 de noviembre
Con la entrega de los listados, el Tribunal Supremo dispone ahora de las identidades necesarias para aplicar sus medidas cautelares sobre el censo electoral.
La Sala todavía debe resolver otras solicitudes presentadas por Iustitia Europa, entre ellas la posibilidad de ampliar la suspensión a determinados descendientes de los nacionalizados y a personas que posteriormente trasladaron su residencia a España.
La situación abre un escenario de incertidumbre para miles de españoles residentes en el extranjero a pocas semanas de las elecciones generales. Aunque el Gobierno ha cumplido el requerimiento judicial, la participación efectiva de los afectados dependerá de las decisiones pendientes y de la aplicación de las instrucciones electorales.
