MADRID — El Tribunal Supremo ha mantenido este lunes la suspensión que afecta al voto en las elecciones generales del 29 de noviembre de personas que adquirieron la nacionalidad española al amparo de la denominada ley de nietos. La decisión prolonga una controversia jurídica y política en plena precampaña electoral, después de que el PSOE reclamara que estos ciudadanos pudieran participar en los comicios.
La conocida como ley de nietos forma parte de la Ley de Memoria Democrática y abrió vías de acceso a la nacionalidad para descendientes de españoles vinculados al exilio. La controversia electoral no debe confundirse con una retirada general de la nacionalidad: la cuestión planteada ante los tribunales se refiere al ejercicio del voto en la convocatoria del 29-N.
Una decisión con consecuencias para el voto exterior
El alcance exacto de la suspensión, los requisitos censales afectados y las posibles vías procesales deben interpretarse conforme a las resoluciones judiciales y a las instrucciones de la administración electoral. En la disputa política se ha hablado de cientos de miles de potenciales electores, pero esa estimación no equivale por sí sola al número de personas que habrían podido votar efectivamente el 29 de noviembre.
Pedro Sánchez había pedido el domingo al Supremo que frenara lo que describió como un «atropello» promovido por PP y Vox. El presidente defendió el derecho de los descendientes del exilio a participar en las elecciones y situó el asunto entre los argumentos de la precampaña socialista.
Reacciones enfrentadas del PSOE, PP y Vox
Tras conocerse la decisión, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, criticó el mantenimiento de la suspensión y anunció que los socialistas seguirán denunciando la situación. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también lamentó la falta de respaldo a la participación electoral de los afectados.
El PP y Vox defendieron, por el contrario, el pronunciamiento judicial. Desde el Partido Popular, Miguel Tellado sostuvo que había prevalecido el Estado de derecho frente a lo que considera intentos del Gobierno de alterar las reglas electorales. El dirigente de Vox Jorge Buxadé celebró igualmente la decisión.
La controversia llega cuando los partidos preparan sus candidaturas y estrategias para el 29 de noviembre. Más allá del enfrentamiento político, la situación de cada elector afectado dependerá del alcance jurídico de la suspensión y de las decisiones que adopten los órganos competentes antes de la votación.
