MADRID — El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación atribuido en la causa del procés y mantiene vigente la orden nacional de detención contra el expresident de la Generalitat. La decisión llega después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 16 de julio sobre la ley y mantiene abierto uno de los principales frentes judiciales de Puigdemont.
El magistrado desestima la petición presentada por la defensa para que la resolución europea permitiera revisar la situación procesal del líder de Junts. El auto afecta también al exconseller Toni Comín. Llarena considera que la sentencia del TJUE no elimina el criterio utilizado por el Supremo para excluir estos hechos de la amnistía: la existencia, según su interpretación, de un beneficio personal de carácter patrimonial vinculado al uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017.
El Supremo mantiene su interpretación
La cuestión jurídica se concentra en el alcance de la excepción prevista por la propia ley para determinados delitos de malversación. El Supremo ha defendido que puede existir un beneficio patrimonial no solo cuando aumenta directamente el patrimonio de una persona, sino también cuando evita asumir con recursos propios unos gastos que finalmente son sufragados con dinero público.
Con este razonamiento, Llarena entiende que el pronunciamiento europeo sobre la compatibilidad general de la amnistía con el derecho de la Unión no resuelve específicamente la interpretación aplicada por el Supremo a la malversación atribuida a Puigdemont. Tampoco considera que las decisiones adoptadas hasta ahora por el Tribunal Constitucional hayan validado o descartado de forma específica ese criterio.
A la espera del Constitucional
El escenario sigue por tanto abierto. El instructor queda a la espera de que el Tribunal Constitucional establezca doctrina sobre la aplicación de la amnistía a la malversación en los recursos que tiene pendientes. Esa futura interpretación puede obligar a revisar la situación procesal de los dirigentes del procés afectados.
Mientras no se produzca ese cambio, la petición de Puigdemont no prospera y la orden nacional de detención continúa vigente. Esto significa que el expresident sigue expuesto a ser detenido si entra en territorio español mientras la medida judicial permanezca activa.
La resolución no supone un rechazo general de la ley de amnistía. El debate se circunscribe a su aplicación concreta al delito de malversación en esta causa y a la interpretación del concepto de beneficio patrimonial. El TJUE se pronunció sobre la norma desde la perspectiva del derecho europeo, mientras que el siguiente punto decisivo será la doctrina que establezca el Constitucional sobre la interpretación seguida por el Supremo.
