BARCELONA — El Tribunal de Cuentas prepara una resolución para aplicar la ley de amnistía a los 35 exresponsables de la Generalitat encausados por los gastos vinculados al referéndum del 1-O y a la acción exterior del procés. Entre ellos figuran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas, Raül Romeva, Toni Comín y Lluís Puig.
La decisión todavía no ha sido publicada y, por tanto, la amnistía no puede darse por formalmente acordada. La previsión, adelantada por Catalunya Ràdio y corroborada por la Cadena SER, es que el órgano fiscalizador resuelva durante septiembre o, como máximo, a comienzos de octubre.
Un procedimiento pendiente desde 2024
El procedimiento examina la responsabilidad contable derivada del uso de fondos públicos para el 1-O y la acción exterior de la Generalitat. El juicio quedó visto para sentencia en mayo de 2024, pero el Tribunal de Cuentas planteó dudas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho comunitario.
El TJUE despejó en julio una parte decisiva del camino al considerar que la extinción de estas responsabilidades contables no vulnera el derecho europeo cuando no están afectados fondos de la Unión. Tras esa resolución, el Tribunal de Cuentas permitió nuevas alegaciones sobre el origen del dinero utilizado. La Generalitat ha solicitado el cierre del procedimiento y el levantamiento de las medidas cautelares.
Nueve millones y un alcance judicial limitado
El litigio tiene además una dimensión económica relevante: durante la causa se fijaron garantías por alrededor de nueve millones de euros. La futura resolución deberá precisar qué ocurre con esas cautelas y con las responsabilidades reclamadas.
Su alcance, sin embargo, estará limitado al procedimiento contable. Una decisión favorable no significaría que Puigdemont o el resto de afectados queden automáticamente amnistiados en todas las causas relacionadas con el procés. El Tribunal Supremo y otros órganos judiciales mantienen procedimientos distintos, especialmente en torno a la malversación, mientras el Tribunal Constitucional debe abordar nuevos recursos a partir de septiembre.
El movimiento del Tribunal de Cuentas abriría así uno de los principales frentes de aplicación efectiva de la amnistía, pero no cerraría por sí solo el recorrido judicial del procés.
