SAINT-CYPRIEN (FRANCIA) — Una investigación publicada por el semanario francés Marianne el 29 de octubre vuelve a situar al alcalde de Saint-Cyprien, Thierry Del Poso, en el centro de una controversia sobre la gestión del puerto deportivo municipal. El caso enfrenta al Ayuntamiento con su antiguo director, Serge Pallarès, por un contrato laboral irregular y una reclamación inicial de 1,08 millones de euros cuyo alcance ha sido limitado por distintas resoluciones judiciales.
- Un contrato que debía haberse regularizado en 2005
- De 1,08 millones reclamados a una resolución parcialmente anulada
- El papel del Ayuntamiento y las críticas de la oposición
- Una investigación de la Gendarmería, según Marianne
- Un caso abierto sobre la gestión de los recursos públicos
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La publicación también informa de una investigación de la Gendarmería francesa relacionada con el asunto. Por ahora, no se ha podido confirmar de manera independiente el alcance de esas diligencias ni la situación procesal de las personas mencionadas.
Un contrato que debía haberse regularizado en 2005
Serge Pallarès fue contratado en 1997 como director adjunto del puerto de Saint-Cyprien, entonces gestionado por un establecimiento público industrial y comercial. Su relación laboral estaba sometida al derecho privado y al convenio colectivo de los puertos deportivos.
La situación cambió en mayo de 2005, cuando el municipio transformó la gestión portuaria en una régie dotada únicamente de autonomía financiera y nombró a Pallarès director.
Ese cambio le otorgó la condición de agente de derecho público. Sin embargo, el Ayuntamiento mantuvo su remuneración anterior, basada en el convenio colectivo privado, y no formalizó un contrato adaptado a su nuevo estatuto.
La irregularidad persistió hasta su jubilación, en marzo de 2021. Thierry Del Poso asumió la alcaldía en 2009, cuatro años después de la transformación del sistema de gestión.
De 1,08 millones reclamados a una resolución parcialmente anulada
En septiembre de 2021, el alcalde ordenó reclamar a Pallarès 1.087.739,38 euros por cantidades que el Ayuntamiento consideraba indebidamente percibidas.
La reclamación incluía 1.010.325,95 euros por diferencias salariales acumuladas y otros 77.413,43 euros correspondientes a una indemnización de final de carrera.
El Tribunal Administrativo de Montpellier anuló en julio de 2022 la reclamación relativa a los salarios. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Apelación de Toulouse determinó en diciembre de 2024 que 893.325,65 euros estaban afectados por la prescripción.
En aquel momento, el importe exigible quedó reducido a 194.413,73 euros.
Sin embargo, el Consejo de Estado francés introdujo un nuevo cambio el 30 de junio de 2026. Su resolución anuló parcialmente la sentencia de apelación en lo relativo a 117.000,30 euros de diferencias salariales, al considerar insuficiente el método empleado para determinar la remuneración de referencia.
El asunto fue devuelto al tribunal de apelación para que examinara nuevamente esa parte de la reclamación.
En cambio, el Consejo de Estado confirmó que el antiguo director no tenía derecho a la indemnización de final de carrera de 77.413,43 euros.
Por tanto, la cifra inicial superior al millón de euros no representa una deuda definitivamente reconocida por los tribunales.
El papel del Ayuntamiento y las críticas de la oposición
La controversia también plantea interrogantes sobre la actuación de las autoridades municipales durante los años en los que se mantuvo el contrato.
En 2010, bajo el mandato de Thierry Del Poso, se modificó la remuneración del director del puerto mediante una adenda. La oposición municipal sostiene que este documento demuestra que el Ayuntamiento conocía las condiciones laborales del responsable portuario.
Los concejales opositores Claudette Guiraud y Pierre Rossignol han cuestionado públicamente la falta de regularización del contrato y reclamado explicaciones sobre la gestión de los fondos municipales.
En abril de 2025 solicitaron que el consistorio examinara la posibilidad de emprender acciones judiciales contra el alcalde. Sus acusaciones constituyen posiciones políticas y denuncias que no deben confundirse con responsabilidades penales establecidas.
La justicia administrativa ha confirmado la existencia de una situación contractual irregular, pero eso no equivale a acreditar una actuación delictiva por parte del alcalde ni del antiguo director.
Una investigación de la Gendarmería, según Marianne
El semanario Marianne, en una investigación firmada por el periodista Léo Le Calvez, informa de la intervención de investigadores de la Gendarmería francesa en relación con el caso.
Esta información añade una posible dimensión penal a un conflicto que, hasta ahora, se conoce principalmente por sus procedimientos administrativos.
No obstante, la existencia de diligencias de investigación no supone que se haya demostrado la comisión de un delito. Tampoco permite concluir, sin confirmación oficial, que Thierry Del Poso esté investigado formalmente o haya sido acusado por la justicia penal.
La situación exige distinguir entre las irregularidades administrativas acreditadas, las denuncias formuladas por la oposición y las eventuales investigaciones penales.
Un caso abierto sobre la gestión de los recursos públicos
Saint-Cyprien, localidad turística de los Pirineos Orientales situada en la costa mediterránea francesa, cuenta con uno de los principales puertos deportivos del departamento.
La gestión de sus infraestructuras representa una actividad económica relevante para el municipio y sus residentes.
El conflicto sobre la remuneración de su antiguo director plantea una cuestión más amplia: cómo se supervisan los contratos de los responsables de servicios públicos y qué mecanismos permiten detectar y corregir situaciones irregulares antes de que generen litigios prolongados.
La próxima decisión del Tribunal Administrativo de Apelación de Toulouse será determinante para establecer el importe salarial que todavía podría reclamar la comuna.
Mientras tanto, las informaciones publicadas por Marianne abren nuevos interrogantes sobre la gestión municipal, pendientes de aclaración mediante documentación oficial y las respuestas de las partes implicadas.
Fuentes: Marianne (29/10/2026); Consejo de Estado (30/06/2026); Tribunal Administrativo de Apelación de Toulouse (19/12/2024); Tribunal Administrativo de Montpellier (01/07/2022).
