MADRID — Maricarmen Abascal, de 87 años, ha sido desahuciada este miércoles de la vivienda del distrito madrileño de Retiro en la que residía desde hace siete décadas. La comisión judicial ha ejecutado el lanzamiento después de tres intentos anteriores suspendidos y pese a la movilización de cientos de personas concentradas ante el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda.
Agentes de la Policía Nacional han abierto el acceso al inmueble y retirado a manifestantes que trataban de impedir la entrada. Finalmente, sanitarios del Samur han sacado a Maricarmen en camilla entre las personas congregadas en la calle. La mujer tiene reconocida una discapacidad y sus problemas de movilidad se han agravado durante los años de litigio.
Una vivienda en la que vivía desde 1956
Maricarmen llegó al piso con su familia en 1956. El contrato estaba sometido al régimen de renta antigua y, tras la muerte de sus padres, acabó subrogándose a su nombre. El conflicto judicial se abrió después de que la propiedad cuestionara la continuidad del contrato. La Audiencia Provincial revocó una primera resolución favorable a la inquilina y el Tribunal Supremo inadmitió posteriormente su recurso, dejando firme el desahucio.
La mujer abonaba alrededor de 500 euros mensuales y percibe una pensión de unos 1.350 euros. Según su defensa, la propiedad planteó un alquiler muy superior para mantenerla en el inmueble. Una donante anónima llegó a ofrecerse a asumir la diferencia y la deuda pendiente para evitar el lanzamiento, pero el acuerdo no prosperó.
De Retiro al Congreso
El caso ha adquirido dimensión política. El Ministerio de Vivienda había pedido que se suspendiera el lanzamiento y Naciones Unidas había solicitado a España paralizarlo o garantizar una alternativa habitacional adecuada mientras examinaba el caso.
Este miércoles, el vicepresidente primero Carlos Cuerpo aseguró que el Gobierno seguiría buscando una solución y recordó que el Congreso había rechazado anteriores medidas para mantener la suspensión de determinados desahucios. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pidió apoyo parlamentario para el nuevo decreto del Ejecutivo. Son posiciones del Gobierno dentro de una disputa política sobre las responsabilidades y la legislación de vivienda.
Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que el Ayuntamiento ofrece a Maricarmen un recurso habitacional inmediato y sostuvo que ya se habían planteado alternativas anteriormente. La defensa de la mujer ha cuestionado durante el proceso la adecuación de algunas de las soluciones ofrecidas.
El cuarto intento termina con el desalojo
La ejecución de este miércoles pone fin a la permanencia de Maricarmen en la vivienda, pero no al debate generado por su caso. Centenares de personas se concentraron durante la noche y la mañana para intentar detener el cuarto lanzamiento.
El desahucio se ha convertido así en un nuevo foco del debate español sobre los alquileres antiguos, la protección de personas vulnerables y la capacidad de las administraciones para ofrecer alternativas antes de una orden judicial de lanzamiento.
