MADRID — La acampada de la Puerta del Sol eleva la presión sobre el Gobierno a pocas horas del Consejo de Ministros que debe abordar el nuevo decreto de vivienda. Unas 600 personas permanecían este lunes en la plaza, con alrededor de 350 tiendas, tras la movilización desencadenada por el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años. La protesta plantea una cuestión que va más allá de este caso: qué protección tendrán los residentes y las personas vulnerables en la nueva política de vivienda.
El Sindicato de Inquilinas reclama contratos indefinidos o con renovación automática, una protección estructural frente a los desahucios cuando no exista alternativa habitacional y una intervención más amplia sobre el mercado del alquiler. También rechaza que las bonificaciones fiscales a propietarios se conviertan en el eje de la respuesta y exige la aprobación íntegra del denominado «decreto Maricarmen».
Contratos y protección frente a los desahucios
Parte de esas demandas coincide con los asuntos todavía abiertos entre PSOE y Sumar. La prórroga de contratos y la regulación del alquiler habitacional, incluido el alquiler por habitaciones, figuran entre los puntos de fricción de una negociación que continúa en vísperas del Consejo de Ministros.
El alcance de la protección a las personas vulnerables es otro elemento clave. Las organizaciones de inquilinos reclaman que ningún hogar vulnerable pueda ser desahuciado sin una alternativa habitacional. El Gobierno estudia mantener y reforzar mecanismos de protección, pero el contenido definitivo del decreto todavía no permite dar por hecho que esa garantía vaya a convertirse en una solución permanente.
La diferencia es importante. Una prórroga temporal de las medidas de emergencia mantendría el escudo existente durante un periodo determinado. Un mecanismo estructural supondría incorporar de forma estable nuevas condiciones a los procedimientos de desahucio.
¿Prioridad para residentes frente a pisos turísticos?
El debate se extiende también al uso de las viviendas. Pedro Sánchez defendió este lunes en Barcelona la necesidad de «privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico» y pidió a todas las comunidades autónomas que apliquen las herramientas de la Ley de Vivienda.
La declaración abre otra cuestión para el decreto: si el Gobierno añadirá nuevos instrumentos para favorecer la vivienda habitual frente a los alojamientos turísticos o si una parte sustancial de esa política continuará dependiendo de las autonomías y los ayuntamientos. Catalunya ha aplicado mecanismos de zonas tensionadas y Barcelona prevé extinguir las licencias de pisos turísticos en 2028, mientras otras comunidades han rechazado utilizar determinadas herramientas de la legislación estatal.
El Ejecutivo negocia además regulación para los alquileres temporales y por habitaciones, dos modalidades que han ganado peso en las ciudades con mayor presión residencial.
El martes marcará el alcance real del decreto
El Consejo de Ministros permitirá comprobar cuánto de estas demandas llega finalmente al texto. El Gobierno puede aprobar el real decreto ley sin tener cerrada previamente una mayoría parlamentaria, pero necesitará su convalidación en el Congreso en un máximo de 30 días.
La acampada de Sol continuará pendiente de ese contenido. Tras convertir el caso de Maricarmen en símbolo de la protesta, los colectivos de inquilinos quieren que la respuesta vaya más allá de una solución puntual: contratos más estables, protección permanente para los vulnerables y más vivienda destinada a residentes. Este martes se conocerá hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno.
