MADRID — El desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, ha abierto un nuevo frente dentro del Gobierno de coalición. Sumar reclama al PSOE que impulse la expropiación de la vivienda del barrio del Retiro de la que fue desalojada este miércoles y exige que el nuevo real decreto ley de vivienda llegue al próximo Consejo de Ministros.
La propuesta ha sido planteada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha pedido utilizar las herramientas disponibles para que Maricarmen pueda recuperar la vivienda en la que residía desde 1956. La iniciativa supondría abrir un procedimiento de expropiación y no implica que el inmueble vaya a pasar automáticamente a manos públicas.
Sumar eleva así la presión sobre su socio de Gobierno apenas un día después del lanzamiento. Maricarmen fue desalojada de su casa de la calle Alcalde Sainz de Baranda después de tres intentos anteriores suspendidos. La Policía Nacional desplegó un dispositivo para permitir la ejecución y la mujer abandonó el edificio en una camilla asistida por el Samur, mientras cientos de personas se concentraban en el exterior.
Presión para llevar el decreto al Consejo de Ministros
La segunda exigencia de Sumar afecta directamente al calendario legislativo. La formación reclama que el real decreto ley anunciado para reforzar la protección de las personas vulnerables frente a los desahucios sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya vinculó este miércoles el caso de Maricarmen con la negociación de la nueva norma. Desde Nueva York pidió «altura de miras y responsabilidad» a los grupos parlamentarios para convalidar el decreto cuando llegue al Congreso.
Sumar considera, sin embargo, que el Ejecutivo debe actuar antes. Bustinduy ha recordado que el acuerdo de coalición contempla medidas en materia de vivienda y reclama que el texto sea aprobado sin más retrasos. La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha pedido que la iniciativa llegue al Consejo de Ministros.
El caso Maricarmen prolonga la batalla por la vivienda
La presión se produce después de que anteriores medidas de protección no lograran consolidar una mayoría parlamentaria. El Gobierno necesita no solo acordar internamente el contenido del decreto, sino conseguir después su convalidación en el Congreso.
El desahucio se ha convertido así en un caso político nacional. Maricarmen vivía desde hacía siete décadas en el inmueble bajo un antiguo régimen de alquiler y el conflicto terminó en los tribunales por la continuidad del contrato. Naciones Unidas había solicitado a España suspender el lanzamiento o garantizar una alternativa habitacional adecuada mientras examinaba el caso.
La petición de expropiación introduce ahora una nueva dimensión. Sumar intenta convertir el impacto del desahucio en una actuación concreta sobre el inmueble y, al mismo tiempo, acelerar una reforma estatal que afectaría a otros hogares vulnerables. La decisión final dependerá de la posición del PSOE y del encaje jurídico de las medidas que finalmente se incorporen al decreto.
