BARCELONA — Pedro Sánchez ha reclamado este lunes a todas las comunidades autónomas que utilicen las herramientas de la Ley de Vivienda para «privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico». El presidente del Gobierno ha lanzado el mensaje desde Barcelona, un día antes del Consejo de Ministros en el que el Ejecutivo pretende aprobar un nuevo real decreto ley para afrontar la crisis habitacional.
Sánchez ha defendido la necesidad de «gobernar el mercado de la vivienda» para facilitar especialmente la emancipación de los jóvenes. La intervención se ha producido durante la presentación del informe «Vidas futuras» en el Disseny Hub Barcelona, junto al president de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
La aplicación de la Ley de Vivienda, en manos autonómicas
El jefe del Ejecutivo sostiene que la legislación estatal ya ofrece instrumentos para favorecer el uso residencial y ha pedido que sean desplegados en todo el territorio. La aplicación de varias de las medidas de la Ley de Vivienda depende de las comunidades autónomas, lo que ha generado importantes diferencias territoriales.
Catalunya es una de las autonomías que más ha desarrollado sus mecanismos. Sánchez ha utilizado en anteriores intervenciones el caso de Barcelona y de otros municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado para defender que la regulación permite contener los nuevos alquileres.
El Gobierno mantiene además abierto el frente de los pisos turísticos. Las comunidades y los ayuntamientos disponen de competencias relevantes sobre su regulación e inspección, mientras el Ejecutivo central ha impulsado modificaciones fiscales y legales para limitar su expansión y aumentar el parque destinado a residencia habitual.
El decreto de vivienda llega este martes
Las declaraciones coinciden con las últimas horas de negociación del decreto que el Gobierno quiere llevar este martes al Consejo de Ministros. Vivienda trabaja en un paquete que contempla protección frente a desahucios, estabilización de contratos de alquiler, regulación de los arrendamientos de temporada, medidas fiscales sobre viviendas turísticas, incentivos para reducir rentas y actuaciones para ampliar la oferta asequible.
El contenido definitivo continúa negociándose con los grupos parlamentarios. Junts mantiene conversaciones con el Gobierno y ha presentado propuestas fiscales y de protección de pequeños propietarios, mientras Sumar reclama un texto más ambicioso y Podemos rechaza un acuerdo de mínimos.
El Ejecutivo afronta además una segunda batalla una vez aprobado el decreto: al tratarse de un real decreto ley, necesitará la convalidación del Congreso en un plazo máximo de 30 días. La mayoría necesaria todavía no está cerrada.
