MADRID — El Sindicato de Inquilinas ha rechazado este lunes que el nuevo decreto de vivienda incluya bonificaciones fiscales para propietarios y ha exigido al Gobierno que apruebe íntegramente este martes el denominado «decreto Maricarmen». El colectivo mantiene así la presión sobre el Ejecutivo en las últimas horas de negociación antes del Consejo de Ministros.
La organización considera insuficiente un texto basado en incentivos fiscales y reclama que el decreto incorpore las principales medidas que ha planteado durante los últimos días: renovación automática de los contratos de alquiler, congelación de las rentas durante su vigencia, reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y un mecanismo estructural que impida desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
Rechazo a los incentivos para propietarios
El principal punto de fricción está en las bonificaciones a los arrendadores. El Sindicato de Inquilinas sostiene que destinar recursos públicos a incentivar a los propietarios no garantiza una reducción estructural de los alquileres y reclama que la prioridad sea reforzar los derechos de quienes viven de alquiler.
La posición choca con una de las fórmulas que se negocian para intentar reunir una mayoría parlamentaria. Entre las medidas sobre la mesa figuran incentivos fiscales para propietarios que reduzcan las rentas, además de bonificaciones para inquilinos, protección frente a los desahucios y limitaciones a determinadas operaciones de compra de vivienda por grandes fondos.
El sindicato advierte de que no aceptará un decreto reducido a medidas parciales y mantiene que las próximas horas serán decisivas. La movilización iniciada tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, continúa con una acampada en la Puerta del Sol de Madrid.
El Gobierno negocia hasta el último momento
El Ministerio de Vivienda ultima el texto mientras intenta cerrar apoyos entre los socios parlamentarios. El contenido definitivo todavía no está acordado y las posiciones sobre contratos, fiscalidad, desahucios y protección de pequeños propietarios mantienen abierta la negociación.
El llamado «decreto Maricarmen» presentado por el movimiento de inquilinos nació tras el desahucio de Abascal y pretende convertir su caso en punto de partida para una reforma más amplia del mercado del alquiler. Las organizaciones han llevado sus propuestas a los grupos del Congreso y reclaman que el Ejecutivo las incorpore al real decreto ley.
El Consejo de Ministros está previsto para este martes. Incluso si el Gobierno aprueba el texto, necesitará después la convalidación del Congreso en un plazo máximo de 30 días, donde deberá reunir una mayoría que todavía no tiene garantizada.
