MADRID — El Estado ocupa una posición central en la candidatura española para albergar una gigafactoría europea de inteligencia artificial. La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, SETT, controla el 47,99 % del consorcio público-privado, mientras Telefónica, ACS y Banco Santander suman el 47 % y Multiverse Computing aporta el 4 %. La Generalitat participa inicialmente con el 1 %.
El proyecto contempla una candidatura multisede con Móra la Nova, en Tarragona, como emplazamiento principal y San Fernando de Henares, en Madrid, como subsede. El Gobierno ha autorizado una inversión de 719 millones de euros a través de la SETT y el proyecto podría movilizar varios miles de millones de inversión público-privada.
Una participación pública del 47,99 %
La estructura accionarial muestra la influencia del Estado, pero no equivale a una mayoría pública: el bloque privado alcanza el 51 %. La SETT es el principal accionista individual y la Generalitat dispone de una participación minoritaria. Esta diferencia será importante para determinar quién controla las decisiones industriales y financieras.
La infraestructura está concebida para ofrecer capacidad de cálculo avanzada a empresas, universidades, centros de investigación y administraciones. La candidatura se integra en la estrategia europea de soberanía tecnológica y concurrirá al proceso de EuroHPC, que deberá seleccionar los proyectos de gigafactorías de IA.
Móra la Nova, sede de una candidatura europea
Para Tarragona, el proyecto combina una oportunidad de reindustrialización y una presión considerable sobre la energía, el agua y las redes de conexión. Móra la Nova ofrece una localización alejada del área metropolitana, pero requerirá inversiones, permisos y garantías de suministro. La instalación también plantea preguntas sobre empleo cualificado y retorno territorial.
La adjudicación europea todavía no equivale a una decisión definitiva. El consorcio debe superar el proceso comunitario y concretar sus estatutos, su financiación y el calendario de ejecución. La posición del Estado es decisiva para presentar la candidatura, pero el resultado dependerá de la evaluación europea y de la capacidad industrial de los socios.
