El Gobierno aprueba 17.142 millones para la red eléctrica y nuevas reglas para los centros de datos

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante su exposición en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Sandra Armada. La Moncloa, Madrid - 20.11.2026

MADRID — El Gobierno español aprobó este viernes 20 de noviembre una planificación de la red de transporte eléctrico que contempla 17.142 millones de euros de inversión hasta 2030 y un real decreto que endurece las condiciones energéticas, ambientales y de soberanía digital de los centros de datos. Las decisiones se adoptaron en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado nueve días antes de las elecciones generales y horas después del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó en la rueda de prensa posterior que la nueva planificación permitirá atender 47 gigavatios de demanda eléctrica adicional, vinculada a la electrificación industrial, el transporte, el hidrógeno y otras actividades. El documento, de carácter vinculante, prevé 193 parques de subestaciones, 6.707 kilómetros de nuevas líneas y el refuerzo de otros 8.164 kilómetros de la red existente.

Nuevas condiciones para los centros de datos

El segundo gran acuerdo regula la implantación de instalaciones que concentran una demanda creciente de electricidad y agua. Los grandes centros de datos de más de 10 megavatios deberán cumplir requisitos específicos para obtener derechos de acceso y conexión a la red. Entre ellos figura acreditar un consumo de un 80% de energía renovable adicional, con correspondencia horaria entre generación y consumo, mientras las renovables no superen el 90% de la combinación eléctrica nacional.

El decreto contempla alternativas transitorias para instalaciones que acepten reducir automáticamente su consumo en momentos de tensión del sistema. También establece mecanismos de compensación por determinados incumplimientos, obligaciones de eficiencia hídrica y energética y exigencias de transparencia. Los proyectos que ya se encuentran en tramitación disponen, con carácter general, de seis meses para adaptarse.

Aagesen defendió que la regulación busca evitar que el crecimiento de los centros de datos eleve el coste de la electricidad para el resto de consumidores. Según los cálculos expuestos por el Ejecutivo, la ausencia de estas medidas podría traducirse en un impacto de 5.000 millones de euros sobre las facturas; se trata de una estimación gubernamental, no de un sobrecoste ya registrado.

Protección de los datos públicos y calendario electoral

La norma incorpora además condiciones de soberanía digital para los sistemas públicos de mayor criticidad, incluidos los relacionados con información sanitaria, fiscal, energética o de transporte. Entre las garantías previstas figura que los datos más sensibles permanezcan en el Espacio Económico Europeo y que se controle el acceso desde terceros países.

El Consejo de Ministros abordó asimismo la adaptación a reformas europeas sobre comercio de derechos de emisión y medidas para reforzar la capacidad científica. En la comparecencia participaron la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, Aagesen y la ministra de Ciencia, Diana Morant.

El Ejecutivo ha concentrado varias decisiones económicas y sociales en sesiones extraordinarias durante la recta final de la campaña. La aprobación de los textos no equivale a la ejecución inmediata de las inversiones: la ampliación de la red eléctrica se desarrollará hasta 2030 y la aplicación de las nuevas obligaciones dependerá de los plazos previstos en cada disposición.

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