BARCELONA — El modelo laboral que impulsó durante años el crecimiento de Glovo continúa generando una elevada factura para la compañía en España. Las sanciones y las cotizaciones reclamadas por la Seguridad Social por el uso de repartidores considerados falsos autónomos ascienden ya a 528 millones de euros, según los datos recogidos por El Economista. El importe refleja el coste acumulado de un conflicto laboral y regulatorio que ha acompañado a la plataforma desde antes de la entrada en vigor de la denominada Ley Rider.
La mayor parte corresponde a cuotas sociales que la Administración considera que Glovo debería haber abonado por trabajadores que operaban formalmente como autónomos, pero cuya relación laboral fue cuestionada por la Inspección de Trabajo y posteriormente por los tribunales. A esas cantidades se añaden multas vinculadas al mismo modelo de contratación.
Una factura acumulada durante años
El conflicto tiene su origen en la consideración jurídica de los repartidores. El Tribunal Supremo estableció en 2020 que existía una relación laboral entre Glovo y uno de sus riders, una doctrina que posteriormente quedó reforzada por la Ley Rider de 2021. Pese al nuevo marco, la empresa mantuvo durante varios años un sistema basado en trabajadores autónomos, introduciendo modificaciones que defendía como compatibles con la legislación.
Las inspecciones continuaron cuestionando ese modelo. La acumulación de expedientes explica que el impacto económico alcance ahora centenares de millones de euros, una cifra especialmente relevante para una compañía integrada desde 2022 en el grupo alemán Delivery Hero.
Glovo cambió finalmente su modelo
El giro llegó a finales de 2024, cuando Glovo anunció que abandonaría el sistema de autónomos en España y pasaría a operar con repartidores asalariados. La decisión modificó una de las bases sobre las que había construido su expansión, pero no eliminó las obligaciones derivadas de los ejercicios anteriores.
La compañía debe afrontar así las consecuencias financieras de los procedimientos acumulados mientras adapta su estructura al nuevo modelo laboral. El caso Glovo se ha convertido además en una referencia para el conjunto de las plataformas digitales: muestra que la clasificación jurídica de los trabajadores puede transformar en pasivos de cientos de millones de euros un modelo que durante años permitió reducir costes laborales y acelerar el crecimiento.
