BARCELONA — España entra en la recta final del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con más de 25.000 millones de euros todavía pendientes de solicitar a Bruselas. La cifra corresponde al séptimo y último desembolso del mecanismo europeo: 21.462 millones en transferencias y 4.400 millones en préstamos, condicionados al cumplimiento de 148 hitos y objetivos antes de presentar la solicitud definitiva.
El calendario europeo fija el 31 de agosto como fecha límite para ejecutar los hitos y las inversiones comprometidas. La solicitud formal del último pago podrá presentarse hasta el 30 de septiembre. La diferencia entre ambas fechas concentra ahora la presión sobre la Administración, las comunidades autónomas y las empresas que participan en los proyectos financiados con fondos Next Generation EU.
Solicitar no significa ejecutar
La cifra global exige una lectura precisa. Los más de 25.000 millones pendientes de solicitar no equivalen automáticamente a proyectos paralizados ni a dinero disponible sin asignar. Forman parte del tramo final del plan y su desembolso depende de que España acredite el cumplimiento de los compromisos pactados con la Comisión Europea.
Al mismo tiempo, el análisis de BBVA Research advierte de un riesgo de subejecución. Hasta finales de junio se habían adjudicado 62.726 millones de euros en contratos y ayudas financiados con transferencias del plan, alrededor del 78 % del volumen de inversiones previsto por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Mantener el ritmo observado podría dejar sin materializar cerca de 10.000 millones.
La diferencia entre fondos convocados, adjudicados, comprometidos, ejecutados y efectivamente pagados será decisiva para valorar el resultado real del programa. Una convocatoria publicada no garantiza que el proyecto se haya iniciado, del mismo modo que una ayuda concedida no siempre significa que el dinero haya llegado ya a la empresa o a la administración responsable.
La dimensión territorial
Para Cataluña, Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana, el final del calendario europeo abre una etapa de especial vigilancia. Las últimas convocatorias afectan a ámbitos como la digitalización, la transición energética, la movilidad, el agua, la vivienda y la modernización de infraestructuras, con efectos directos sobre empresas, administraciones locales y tejido industrial.
El reparto tampoco es homogéneo. El estudio de BBVA Research apunta a un cierto efecto redistributivo, con una mayor intensidad inversora en algunas comunidades con menor renta, entre ellas Aragón. Sin embargo, la comparación territorial requiere separar el volumen asignado de la capacidad real de ejecución y conocer qué proyectos han superado ya las fases administrativas, técnicas y financieras.
El riesgo después del plan
El problema no termina con el cierre administrativo del mecanismo. La desaparición de este impulso europeo puede dejar un vacío en la inversión pública y privada si no existen instrumentos alternativos. BBVA Research estima que, sin estos fondos, la inversión en construcción no residencial sería aproximadamente un 8 % inferior a la actual.
Para las pymes, la incertidumbre puede traducirse en menos pedidos, retrasos en los pagos o una concentración de oportunidades en grandes empresas. Estas representan solo el 1,5 % de los beneficiarios, pero absorben casi un tercio de los fondos adjudicados, mientras que las pymes y microempresas reúnen el 28 % de los beneficiarios y el 27 % de los recursos.
España deberá cerrar ahora el último tramo del plan y demostrar no solo que ha solicitado los fondos, sino que las inversiones han llegado al territorio y pueden sostenerse cuando termine la financiación europea.
