MADRID — La investigación judicial sobre la crisis migratoria de Ceuta gana respaldo institucional. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha mostrado favorable a que este tribunal investigue lo ocurrido durante la entrada masiva de migrantes, al considerar que puede ser competente para esclarecer los hechos. El pronunciamiento refuerza la vía abierta por la jueza María Tardón en un momento de creciente presión política sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.
Según Europa Press, el Ministerio Público ha informado a favor de que la Audiencia Nacional asuma las diligencias relacionadas con la crisis, después de que la magistrada planteara investigar las circunstancias que rodearon la llegada masiva de personas a la ciudad autónoma y la actuación de las autoridades. La posición de la Fiscalía no determina responsabilidades ni supone que exista delito probado, pero despeja uno de los interrogantes procesales sobre qué órgano debe investigar.
La vía judicial se consolida
El movimiento llega después de que la Sala de lo Penal respaldara esta semana a Tardón frente al recurso de la Fiscalía que cuestionaba algunas de sus decisiones. La investigación pretende reconstruir qué ocurrió durante las horas críticas, qué información manejaban las autoridades españolas y cómo funcionaron los dispositivos de control y respuesta ante una entrada que desbordó la capacidad habitual de Ceuta.
La actuación judicial coincide además con el debate sobre el papel de Marruecos. Sánchez ha sostenido que no existen pruebas concluyentes de que Rabat organizara la entrada masiva, aunque reconoció que durante unas diez horas la Gendarmería marroquí permitió los cruces y que algunos agentes pudieron orientar a migrantes hacia la frontera.
Más presión sobre el Gobierno
El respaldo de la Fiscalía aumenta la dimensión judicial de una crisis que ya domina el enfrentamiento político. El Ejecutivo ha anunciado que publicará los informes disponibles y defiende que los servicios de inteligencia no anticiparon la magnitud del episodio. El PP, por su parte, reclama la desclasificación de documentación y acusa a Sánchez de no aclarar suficientemente lo sucedido.
La apertura de diligencias no implica por sí misma una imputación contra miembros del Gobierno. Su importancia reside en que la reconstrucción de la crisis deja de depender únicamente de las explicaciones políticas: la Audiencia Nacional podrá reclamar documentación, contrastar informes y determinar si existen hechos con relevancia penal. Ceuta entra así en una nueva fase en la que las decisiones tomadas durante las horas más críticas quedarán sometidas también al examen judicial.
