BARCELONA — Barcelona ha obtenido el aval definitivo para avanzar en la regulación urbanística del alquiler de temporada y por habitaciones, según informa este martes Metrópoli. La decisión culmina la tramitación de una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) impulsada por el Ayuntamiento para distinguir los usos de la vivienda y reforzar la prioridad del alojamiento habitual frente a otras modalidades de ocupación.
La iniciativa había recibido la aprobación provisional del pleno municipal el 27 de marzo. El consistorio defendió entonces que el planeamiento debía identificar con claridad la vivienda habitual, la temporal y la segunda residencia, y permitir una intervención urbanística más precisa sobre las fórmulas que puedan desplazar el uso residencial permanente.
El plan permite limitar usos temporales por barrios o edificios
La modificación establece que la vivienda habitual y permanente se admite en las zonas donde está autorizado el uso residencial. Al mismo tiempo, habilita al Ayuntamiento para desarrollar planes y ordenanzas que restrinjan otros usos en determinados distritos, barrios o edificios, según las necesidades de protección del tejido residencial.
El alquiler temporal debe responder a causas justificadas, como desplazamientos laborales, estudios o tratamientos médicos, conforme al marco legal aplicable. Para el alquiler permanente por habitaciones, el planeamiento prevé que los residentes dispongan de acceso a los servicios comunes necesarios para la habitabilidad. El objetivo municipal es evitar que viviendas destinadas a residencia estable se desvíen hacia modalidades que eludan las reglas de protección del alquiler.
El aval urbanístico no equivale a una prohibición automática
El paso anunciado refuerza la capacidad de intervención municipal, pero no significa que todos los contratos temporales o por habitaciones queden prohibidos desde este martes. La aplicación concreta dependerá del alcance jurídico del acuerdo, de los instrumentos urbanísticos posteriores y de la legislación catalana y estatal vigente.
El Ayuntamiento, encabezado por Jaume Collboni, ha defendido estas medidas como una vía para preservar vivienda para residentes. Sus críticos, entre ellos PP y Junts durante la tramitación, habían cuestionado el encaje competencial y la seguridad jurídica de las restricciones. El debate de fondo sigue siendo si la limitación de determinados usos contribuirá a ampliar la oferta residencial estable sin reducir aún más el número de viviendas disponibles en el mercado.
