MADRID — La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez Santiago Pedraz que impulse el bloqueo inmediato en Portugal de cuentas bancarias vinculadas a empresas de Víctor de Aldama y de su socio Claudio Rivas. La petición forma parte del caso hidrocarburos, en el que la Audiencia Nacional investiga un presunto fraude de IVA de al menos 182,5 millones de euros.
El nuevo informe policial, remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5, solicita una orden europea de investigación para asegurar los saldos detectados en el país vecino. El juez ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre las medidas reclamadas por los investigadores.
Más de 78 millones enviados a Portugal
La cifra de 182,5 millones corresponde al presunto fraude fiscal global investigado y no al dinero localizado en Portugal. La UCO calcula que más de 78 millones de euros vinculados a la operativa de la trama fueron dirigidos hacia sociedades portuguesas. Dentro de ese flujo, tres empresas relacionadas con Aldama habrían recibido más de 8,8 millones.
Los investigadores solicitan información y medidas sobre más de 70 cuentas bancarias, entre ellas cuentas relacionadas con Villafuel, empresa situada en el centro de la investigación. También quieren aclarar un descuadre de unos 14 millones de euros detectado al reconstruir los movimientos financieros.
La UCO sitúa desde hace meses a Aldama y Rivas como presuntos “ideólogos” y responsables de la estructura investigada. Según la Guardia Civil, el entramado habría utilizado sociedades instrumentales para comercializar hidrocarburos evitando posteriormente el ingreso del IVA correspondiente a Hacienda.
La pista portuguesa gana peso
Portugal ya figuraba en las pesquisas. A comienzos de septiembre, la Fiscalía Europea comunicó a Pedraz que entre 2022 y 2024 unos 27,9 millones de euros procedentes de cuentas españolas habían entrado en el sistema bancario portugués a través de cuatro sociedades: Canary Islans, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000.
La Fiscalía Europea investiga si sociedades portuguesas fueron utilizadas como empresas pantalla para mover y posteriormente devolver a España ganancias presuntamente ilícitas. El nuevo informe de la UCO amplía el volumen de fondos bajo análisis y busca ahora asegurar el dinero que todavía permanezca en las cuentas.
Una causa abierta hasta diciembre
La Audiencia Nacional prorrogó en junio la investigación durante seis meses, hasta diciembre de 2026, ante las diligencias todavía pendientes. La causa analiza tanto el presunto fraude fiscal como el destino posterior del dinero y las conexiones internacionales de la estructura.
El bloqueo solicitado no implica que las cantidades sean definitivamente consideradas producto de un delito. Se trata de una medida cautelar destinada a impedir movimientos mientras continúa la investigación. Aldama y el resto de investigados conservan la presunción de inocencia en esta causa.
El nombre de “Víctor de Aldama” registra este miércoles un fuerte aumento de búsquedas en España en Google Trends. El renovado interés coincide con la revelación del nuevo informe de la UCO y con el avance de una investigación que coloca ahora el foco financiero en Portugal.
