MADRID — El crecimiento económico y la creación de empleo no han eliminado las dificultades de millones de hogares españoles. En 2025, el 25,7% de la población se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, según los datos recogidos en un análisis publicado este martes por RTVE a partir de los diagnósticos de la Fundación FOESSA, vinculada a Cáritas, y de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN). La vivienda y la precariedad infantil destacan entre los problemas que persisten al cierre de la legislatura.
El indicador AROPE combina el riesgo de pobreza monetaria, la privación material y social severa y la baja intensidad de empleo en los hogares. No equivale, por tanto, al porcentaje de personas que viven bajo el umbral de ingresos. El último informe territorial de EAPN, difundido en octubre, situaba esta medida en el 25,9%, una referencia próxima pero procedente de una publicación diferente.
El empleo no garantiza salir de la exclusión
FOESSA calcula que en 2024 había 9,4 millones de personas en exclusión social, de las cuales 4,3 millones sufrían exclusión severa. Esta última cifra representa un incremento del 51,7% respecto a 2007. Según el sociólogo Thomas Ubrich, del comité técnico de la fundación, uno de cada diez trabajadores ocupados vive en situación de exclusión, lo que refleja la insuficiencia de determinados ingresos laborales para afrontar los gastos esenciales.
Las ayudas públicas han amortiguado parte del impacto. EAPN estima que en 2025 las transferencias sociales, incluidas pensiones y prestaciones, evitaron que once millones de personas se encontraran en situación de pobreza. Sin embargo, la cobertura del ingreso mínimo vital continúa siendo limitada: según los datos citados por la entidad, el 55% de quienes podían acceder a la prestación en 2024 no la solicitaron o no la recibieron.
El alquiler agrava la vulnerabilidad
La brecha más marcada aparece en la vivienda. En 2025, el 43,6% de las personas que vivían de alquiler a precio de mercado estaban en riesgo de pobreza o exclusión, frente al 19,5% de quienes residían en una vivienda en propiedad, según EAPN. La diferencia no demuestra por sí sola que alquilar cause pobreza, pero evidencia la mayor vulnerabilidad de los hogares inquilinos ante el aumento de los precios.
FOESSA añade que una cuarta parte de los hogares presenta problemas residenciales y que el hacinamiento grave afecta al 7% de la población. Los especialistas advierten también de la persistencia de la pobreza infantil y de las dificultades de los jóvenes para emanciparse. El balance social de la legislatura queda así marcado por una paradoja: el empleo y la actividad económica mejoran, pero el acceso a una vivienda asequible y la protección de los colectivos vulnerables siguen sin avanzar al mismo ritmo.

