Crédito al consumo: Europa refuerza la protección de los consumidores

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Close-up of a lot of plastic bank cards with golden coins. Selective focus. Electronic payment.

La Unión Europea endurece las reglas del crédito al consumo a partir del 20 de noviembre de 2026. La nueva directiva 2023/2225 amplía la protección a productos financieros que se han extendido con la digitalización, como determinados pagos fraccionados y fórmulas de «compra ahora y paga después». El objetivo es limitar los riesgos de sobreendeudamiento y obligar a las entidades a evaluar mejor la capacidad de pago de los consumidores.

El crédito rápido también entra en el marco regulador

Hasta ahora, parte de las nuevas fórmulas de financiación quedaba fuera de las reglas tradicionales o estaba sometida a una protección desigual. La directiva amplía el ámbito de aplicación a créditos de pequeño importe, determinados descubiertos y operaciones de pago aplazado. También eleva de 75.000 a 100.000 euros el límite superior general del crédito cubierto por estas normas.

El cambio afecta especialmente a los servicios de «Buy Now, Pay Later», que permiten dividir una compra en tres o cuatro pagos. Su facilidad de acceso puede ocultar que se trata de una forma de crédito y que varias compras simultáneas pueden acumular compromisos difíciles de asumir.

Evaluar la solvencia antes de prestar

La nueva normativa exige que los prestamistas evalúen la solvencia del consumidor antes de conceder un crédito. La decisión debe basarse en información suficiente y tener en cuenta si la persona podrá cumplir sus obligaciones, en lugar de limitarse a facilitar la contratación.

Cuando la evaluación se realiza mediante sistemas automatizados, el consumidor debe ser informado de su derecho a solicitar intervención humana. También puede pedir explicaciones sobre la evaluación, expresar su punto de vista y solicitar que se revise.

Más apoyo frente al sobreendeudamiento

La directiva refuerza asimismo las obligaciones de los prestamistas cuando aparecen dificultades de pago. En Francia, por ejemplo, la normativa de aplicación prevé que, ante determinados impagos declarables en el fichero de incidentes de crédito, la entidad oriente al prestatario hacia servicios de asesoramiento sobre deudas gratuitos o de coste limitado.

El marco también refuerza las posibilidades de renegociación y exige un plazo razonable antes de iniciar procedimientos de ejecución. La intención es evitar que una dificultad puntual se convierta rápidamente en una espiral de deuda y exclusión financiera.

Una protección necesaria, pero no suficiente

La reforma supone un avance para los consumidores frente a un mercado que ha multiplicado las ofertas de financiación inmediata. Sin embargo, una nueva regulación no resuelve por sí sola las causas del endeudamiento: salarios insuficientes, precariedad laboral, encarecimiento de la vivienda y pérdida de poder adquisitivo.

El reto será comprobar cómo se aplican estas obligaciones en cada país y si las autoridades cuentan con medios suficientes para controlar a los prestamistas y las plataformas digitales. La protección del consumidor no puede depender únicamente de que cada persona sepa decir que no a una oferta de crédito: también exige reglas claras, supervisión efectiva y alternativas económicas que eviten convertir el préstamo en una respuesta habitual a las dificultades para llegar a fin de mes.

Fuente: Directiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo y del Consejo; Ministerio de Economía de Francia; Toute l’Europe.

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