BARCELONA — El Tribunal de Cuentas ha aplicado este miércoles la ley de amnistía a Carles Puigdemont, Artur Mas y otros antiguos responsables de la Generalitat investigados por la utilización de fondos públicos en el proceso independentista catalán. La resolución pone fin, en esta instancia, a la reclamación de responsabilidad contable por los gastos del referéndum del 1 de octubre de 2017 y de la acción exterior del procés.
Una reclamación de más de cuatro millones
El procedimiento partía de las reclamaciones de la Fiscalía y de Societat Civil Catalana por un importe superior a 4,2 millones de euros. La aplicación de la amnistía implica dejar sin efecto la exigencia de reintegro en esta causa y las garantías vinculadas a ella, sin que ello suponga una sentencia penal sobre los hechos.
La decisión llega después de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad de la ley con el derecho comunitario y del Tribunal Constitucional sobre su alcance. El órgano fiscalizador había mantenido abierto el procedimiento mientras examinaba la aplicación de la norma a los gastos vinculados al procés.
La vía penal de Puigdemont sigue siendo distinta
La resolución contable no equivale al archivo automático de la causa penal por malversación que afecta al expresidente catalán. El Tribunal Supremo había rechazado en septiembre levantar la orden de detención de Puigdemont en ese procedimiento, de modo que ambos frentes judiciales deben distinguirse.
Societat Civil Catalana ha anunciado su intención de recurrir la decisión del Tribunal de Cuentas. La resolución representa un nuevo paso en la aplicación de la amnistía, aprobada en 2024, a los procedimientos derivados del procés, aunque no resuelve por sí sola la situación judicial global del expresidente.
