MADRID — El Tribunal Constitucional ha avalado este martes la aplicación de la ley de amnistía a la malversación vinculada al procés al estimar el recurso de amparo de la exconsellera Dolors Bassa. La decisión, adoptada por siete votos frente a cinco, corrige el criterio seguido por el Tribunal Supremo y fija una doctrina que afecta directamente a los restantes dirigentes independentistas condenados o procesados por hechos similares, entre ellos Carles Puigdemont.
La mayoría del Pleno considera que el Supremo vulneró el derecho de Bassa a la tutela judicial efectiva al excluir la malversación de la amnistía mediante una interpretación que se apartó de la finalidad de la norma. La resolución parte de la ponencia del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, después de que el magistrado José María Macías retirara su propuesta sobre el recurso de Jordi Turull.
El fallo no amnistía automáticamente todos los procedimientos pendientes. El Supremo deberá dictar las resoluciones correspondientes aplicando la doctrina constitucional a cada caso. Su alcance es, sin embargo, especialmente relevante para Puigdemont, procesado por malversación y hasta ahora afectado por una orden nacional de detención.
Una doctrina que alcanza el núcleo judicial del procés
El Supremo había sostenido que determinadas conductas de malversación quedaban fuera de la ley al existir un beneficio patrimonial y una posible afectación a los intereses financieros de la Unión Europea. El Constitucional rechaza ahora la interpretación aplicada en el caso Bassa y reprocha a la Sala Penal haberse apartado de la finalidad perseguida por el legislador.
La decisión llega después de meses de confrontación jurídica sobre el alcance de la Ley Orgánica 1/2024. El propio Constitucional ya había avalado la constitucionalidad de la amnistía, pero seguía pendiente la cuestión decisiva de cómo debía aplicarse a la malversación de los dirigentes del procés.
La doctrina establecida este martes deberá proyectarse sobre los recursos pendientes de otros afectados. En el caso de Puigdemont, el siguiente movimiento corresponde al Tribunal Supremo y al magistrado instructor Pablo Llarena, que deberá adaptar las medidas vigentes a la nueva situación jurídica.
Illa: “El tiempo nos ha dado la razón”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado la decisión y ha defendido la estrategia de normalización política impulsada en Catalunya. “El tiempo nos ha dado la razón”, ha afirmado al conocer el aval del Constitucional a la aplicación de la amnistía a la malversación.
La resolución irrumpe además en un momento de máxima intensidad política, un día después de que Pedro Sánchez convocara elecciones generales para el 29 de noviembre. Un eventual levantamiento de las medidas que todavía afectan a Puigdemont podría modificar de forma inmediata el escenario político catalán durante la precampaña, aunque su situación concreta dependerá de las resoluciones que adopte ahora el Supremo.
El siguiente paso será la publicación y notificación de la sentencia del Constitucional y su ejecución por los órganos judiciales afectados. Es ahí donde se determinarán los efectos concretos sobre Bassa, Puigdemont y el resto de dirigentes con procedimientos vinculados a la malversación del procés.
