MADRID — Alberto Núñez Feijóo ha calificado este viernes de «descorazonador» el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desalojada esta semana de la vivienda de Madrid en la que había residido durante más de siete décadas. El líder del Partido Popular ha aprovechado el caso para cargar contra la política de vivienda del Ejecutivo y considerar al Gobierno «inhabilitado» para hablar de esta materia.
Las declaraciones llegan dos días después de que se ejecutara el cuarto intento de desahucio de Maricarmen Abascal en el barrio madrileño de Retiro. La mujer, con discapacidad y en silla de ruedas, abandonó el inmueble en camilla y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, mientras centenares de personas se concentraban en el exterior para intentar impedir el lanzamiento.
Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales por un contrato de renta antigua. Tras la adquisición del inmueble por Urbagestión Desarrollo e Inversión, la renta reclamada llegó a situarse en unos 2.650 euros, una cantidad muy superior a su pensión, inferior a 1.500 euros.
El desahucio de Maricarmen reabre la batalla política por la vivienda
Feijóo ha afirmado que las imágenes del desalojo son «descorazonadoras» y ha dirigido sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El presidente del PP sostiene que, tras años de Gobierno y ante la evolución del mercado inmobiliario, el Ejecutivo carece de credibilidad para presentarse como solución al problema de la vivienda.
El caso ha provocado un nuevo enfrentamiento entre administraciones y partidos. Sánchez calificó el jueves el desahucio de «tragedia social» y reclamó apoyo parlamentario para las nuevas medidas de vivienda impulsadas por el Gobierno. El Ejecutivo también ha señalado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital por sus políticas en esta materia.
El Gobierno prepara un nuevo decreto de vivienda
La crisis llega además en pleno debate sobre un nuevo decreto estatal. El PSOE busca apoyos en el Congreso para sacar adelante medidas destinadas a reforzar la protección de personas vulnerables, mientras Sumar reclama incluir una nueva moratoria antidesahucios.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, asegura que el Gobierno intentó evitar el lanzamiento, incluida la mediación de la empresa pública Casa 47. La abogada de Maricarmen sostiene que la propiedad rechazó las propuestas planteadas para mantenerla en la vivienda.
El desahucio, ejecutado pese a las movilizaciones y a una petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas para adoptar medidas cautelares, ha vuelto a situar el acceso a la vivienda y la protección de los inquilinos vulnerables en el centro del debate político español.
