MADRID — PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo para incluir en un futuro decreto de vivienda una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028. La medida podría alcanzar a cerca de cuatro millones de personas, agrupadas en 1,5 millones de hogares, según las estimaciones difundidas por Sumar.
El acuerdo político todavía debe traducirse en un texto aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, la ampliación de los contratos no está todavía en vigor. Su continuidad también dependerá de la convalidación parlamentaria del decreto, para la que el Gobierno necesitará recabar apoyos entre sus socios habituales.
Una prórroga de hasta dos años para los contratos que vencen
La propuesta permitiría a los inquilinos solicitar una extensión extraordinaria de hasta dos años, manteniendo las condiciones de su contrato, cuando el arrendamiento llegue a su vencimiento antes del 30 de junio de 2028. El objetivo declarado es evitar que la renovación exponga de inmediato a los hogares a incrementos elevados en mercados con una fuerte presión sobre los precios.
Sumar sostiene que la ampliación temporal hasta 2028 añadiría cerca de un millón de beneficiarios respecto al alcance inicialmente considerado. Esa cifra adicional no debe confundirse con el volumen total estimado: el partido sitúa el impacto potencial del conjunto de la medida en cuatro millones de personas.
El efecto podría ser especialmente relevante en Cataluña y Baleares, dos territorios donde el precio del alquiler, la escasez de oferta residencial y el peso de las zonas tensionadas han convertido la vivienda en uno de los principales problemas económicos de los hogares. El contenido definitivo deberá precisar qué contratos pueden acogerse a la prórroga, cómo debe solicitarse y qué excepciones podrán aplicar los propietarios.
Alquiler temporal, pisos turísticos y negociación parlamentaria
El futuro decreto incluiría además medidas para limitar el uso fraudulento de los alquileres de temporada y de habitaciones, fórmulas que en algunos mercados han sustituido al arrendamiento residencial ordinario. El acuerdo contempla también aplicar un IVA del 21% a las viviendas turísticas y endurecer las sanciones relacionadas con su promoción en las plataformas digitales.
La coalición pretende incorporar igualmente nuevas medidas contra los desahucios, aunque su alcance continúa sujeto a negociación. Sumar ha señalado que buscará apoyos parlamentarios, entre ellos el de Junts, antes de que el texto sea sometido a convalidación.
Hasta que el Consejo de Ministros apruebe el decreto y se conozca su redacción definitiva, las condiciones actuales de los contratos permanecen sin cambios. El anuncio abre una nueva fase política sobre la regulación del alquiler, pero no concede por sí solo una prórroga automática a los inquilinos.
