MADRID — El caso Plus Ultra entra este lunes en una nueva fase con la declaración como investigado de Julio Martínez Sola, expresidente y cofundador de la aerolínea, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Su comparecencia es especialmente relevante porque fue uno de los antiguos responsables de la compañía que, antes del verano, señaló directamente a José Luis Rodríguez Zapatero en las gestiones vinculadas al préstamo público de 53 millones de euros concedido en 2021.
Martínez Sola remitió al juez un escrito en el que aseguró que Zapatero y el empresario Julio Martínez Martínez, persona próxima al expresidente, tenían la “pretensión de cobrar” por las gestiones destinadas a conseguir financiación para salvar Plus Ultra. Según su versión, la compañía contrató a una sociedad vinculada a Martínez Martínez y acordó una remuneración equivalente al 1% del rescate, unos 530.000 euros, por labores de acompañamiento.
Una declaración clave para contrastar las acusaciones
El juez deberá determinar ahora hasta qué punto Martínez Sola puede aportar elementos concretos que respalden su relato. El propio exdirectivo reconoció en su escrito que no tenía constancia fehaciente de las actuaciones específicas que Zapatero habría realizado para influir en la concesión del préstamo. Esa diferencia entre conocer una supuesta mediación y poder acreditar ante quién se ejerció es uno de los puntos centrales de la investigación.
La declaración también permitirá confrontar su versión con la ofrecida por Zapatero. El expresidente del Gobierno aseguró ante Calama que no habló con miembros del Gobierno ni de la SEPI sobre el rescate y negó haber conocido entonces a los responsables de Plus Ultra. Sin embargo, mensajes incorporados al sumario apuntan a contactos telefónicos entre Zapatero y Martínez Sola ya en abril de 2020.
El martes declara Roberto Roselli
La ronda continuará este martes con Roberto Roselli, ex consejero delegado de Plus Ultra y director financiero durante las gestiones para obtener el rescate. También presentó un escrito ante la Audiencia Nacional implicando al expresidente socialista, por lo que Calama busca contrastar ambas versiones y establecer cómo se articularon realmente los contactos para conseguir la ayuda pública.
Los dos antiguos directivos ya estaban investigados y, tras ser detenidos en diciembre de 2025, se acogieron inicialmente a su derecho a no declarar. Sus posteriores escritos de colaboración modificaron el escenario de la causa. Las declaraciones de esta semana pueden resultar determinantes para saber si las afirmaciones sobre Zapatero se traducen en indicios verificables o permanecen como acusaciones sin prueba directa de una intervención ante la Administración.
