MADRID — Los incendios forestales han afectado ya a 207.257 hectáreas en España desde el inicio de 2026, según las estimaciones del sistema europeo Copernicus. El balance sitúa esta campaña entre las más graves de los últimos años y confirma una aceleración muy marcada durante el mes de julio.
La cifra europea es superior a la difundida por el Gobierno, que el martes situaba la superficie quemada por encima de las 170.000 hectáreas. Las dos mediciones no se elaboran con el mismo calendario ni con la misma metodología y, por tanto, no deben interpretarse como balances contradictorios.
Dos métodos para medir el fuego
Copernicus utiliza imágenes por satélite para delimitar las áreas recorridas por las llamas. Las estadísticas nacionales necesitan validar cada perímetro, separar el terreno forestal de los cultivos y otras superficies y evitar duplicidades cuando varios frentes terminan uniéndose.
Esta diferencia explica que el recuento europeo avance con mayor rapidez durante una emergencia. Los datos oficiales españoles se consolidan después y permiten conocer con más precisión el tipo de vegetación afectada, la propiedad del suelo y los daños económicos.
Julio dispara el balance anual
Los grandes incendios de Madrid, Ávila y Toledo concentran alrededor de 66.000 hectáreas. A ellos se suman La Mierla, en Guadalajara, con más de 30.000 hectáreas, la Vall d’Uixó, en Castellón, y otros episodios registrados en Aragón, Cataluña y Castilla y León.
La superficie quemada no resume por sí sola la gravedad de la campaña. Las evacuaciones, los daños en viviendas, explotaciones agrarias, redes eléctricas y carreteras elevan el impacto territorial. También aumenta el coste de la restauración forestal y de la prevención durante los próximos años.
La nueva ola de calor mantiene el riesgo de reactivaciones. Temperaturas elevadas, baja humedad y viento pueden devolver actividad a perímetros aparentemente estabilizados. Los servicios de emergencia insisten por ello en diferenciar entre fuego estabilizado, controlado y extinguido.
El balance provisional confirma que la prevención ya no puede limitarse al verano. La gestión del monte, los cortafuegos, la actividad agraria y la coordinación entre administraciones forman parte de una respuesta que deberá mantenerse durante todo el año.
