MADRID — El Gobierno acelera las negociaciones para intentar cerrar el próximo martes un acuerdo sobre el nuevo real decreto ley de vivienda, después de que el desahucio de Maricarmen Abascal haya elevado la presión sobre el Ejecutivo. El Ministerio de Vivienda confirma que trabaja con ese horizonte y mantiene contactos con los grupos parlamentarios, entre ellos Junts, pero Moncloa todavía no garantiza que el texto vaya a aprobarse en el próximo Consejo de Ministros.
La diferencia es relevante: el Ejecutivo busca llegar al martes con un acuerdo político suficiente, pero la inclusión definitiva del decreto en la reunión del Consejo no está confirmada. El texto ya debía haberse aprobado en julio y fue aplazado hasta después del verano ante la falta de apoyos para superar posteriormente su convalidación en el Congreso.
Junts vuelve a ocupar una posición decisiva. La formación de Carles Puigdemont reconoce que mantiene negociaciones con el PSOE y asegura que hace dos semanas entregó directamente a Pedro Sánchez un real decreto ley con sus propuestas sobre vivienda. Según Junts, los socialistas están estudiando ahora esas medidas y el partido espera una respuesta próximamente.
Sumar presiona para que el decreto llegue el martes
La aceleración coincide con la ofensiva de Sumar tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años, ejecutado el miércoles en Madrid. El socio minoritario de la coalición ha remitido por escrito al PSOE su exigencia de que el decreto sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros.
Entre las medidas defendidas por Sumar figuran la congelación y prórroga de alquileres, la regulación de usos que considera especulativos —como pisos turísticos, alquileres de temporada o habitaciones— y una mayor protección de familias e inquilinos frente a grandes propietarios y fondos.
Sumar reclama además que el Gobierno impulse la expropiación de la vivienda de Maricarmen para permitir su regreso. Esa petición es independiente del decreto y, por ahora, no existe una decisión del Consejo de Ministros que acuerde la expropiación. Moncloa recalca que se trata de una propuesta de Sumar.
El problema vuelve a ser la mayoría del Congreso
El PSOE pretende evitar que el nuevo decreto repita el destino de iniciativas anteriores. Los socialistas buscan un texto amplio y con apoyos suficientes para superar su posterior convalidación en el Congreso. Sánchez pidió el miércoles desde Nueva York «responsabilidad» y «altura de miras» a los grupos parlamentarios después de calificar el desahucio de Maricarmen como una «tragedia social».
El acercamiento a Junts ya provoca fricciones entre los socios de investidura. ERC considera un error que la formación independentista pueda fijar los límites de la política de vivienda y reclama que el Gobierno y las fuerzas de izquierda acuerden primero las medidas.
El martes se convierte así en la primera fecha política de referencia, pero no todavía en una aprobación asegurada. Para el Gobierno, el reto es doble: cerrar un texto dentro de la coalición y construir una mayoría que evite otra derrota cuando el decreto llegue al Congreso.
