CEUTA — La gestión de la crisis migratoria entra en una nueva fase con el traslado previsto de más de un millar de personas desde la playa del Trampolín hasta unas carpas instaladas en el muelle de Poniente. La operación busca liberar uno de los principales asentamientos surgidos tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, pero la nueva ubicación ha abierto otro frente de tensión en la ciudad.
Las instalaciones portuarias están preparadas para recibir temporalmente a más de 1.000 personas. La capacidad, sin embargo, no permitirá realojar a todos los migrantes que permanecen en la zona del Trampolín. El Gobierno admite además que todavía resulta difícil establecer con precisión cuántas personas de las que entraron irregularmente este verano continúan en Ceuta.
Un traslado bajo polémica
La elección del muelle de Poniente genera rechazo entre una parte de los vecinos, el Gobierno de Ceuta y el Sindicato Unificado de Policía. Las objeciones se concentran en la proximidad de depósitos de combustible y en la actividad del puerto, desde donde operan buques de mercancías en los que ya se han registrado intentos de acceso irregular.
La controversia ha llegado a la Audiencia Nacional, donde se ha solicitado paralizar el traslado. El movimiento se produce después de que 864 personas fueran reubicadas durante el fin de semana desde las inmediaciones del embolsamiento de Loma Colmenar al campamento instalado en Los Rosales.
Marruecos promete readmisiones
La crisis mantiene además abierta la dimensión diplomática. En una carta fechada el 14 de septiembre y enviada a varios eurodiputados, Marruecos afirma estar dispuesto a readmitir a las personas afectadas, incluidos ciudadanos marroquíes, menores no acompañados y nacionales de terceros países. Rabat sostiene también que investiga las causas y los actores detrás de los acontecimientos de finales de julio.
La situación de Ceuta continúa al mismo tiempo en la agenda política y judicial española. La Audiencia Nacional investiga las circunstancias que rodearon la entrada masiva y la Fiscalía ha defendido esclarecer si existieron omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección.
Mientras avanzan los procedimientos de identificación, retorno y acogida, el problema inmediato sigue siendo logístico: reducir los asentamientos improvisados sin trasladar la presión a nuevos puntos sensibles de una ciudad que continúa funcionando bajo un dispositivo extraordinario.
