BARCELONA — Tres grandes economías europeas afrontan el mismo choque petrolero con estrategias diferentes. Alemania acaba de decidir una reducción general de 14 céntimos por litro del impuesto energético sobre gasolina y diésel hasta finales de 2026. España mantiene también una rebaja fiscal directa. Francia, donde el gasóleo alcanzó el viernes una media récord de 2,39 euros por litro, continúa privilegiando ayudas dirigidas a determinados consumidores.
La decisión alemana, anunciada el 18 de septiembre, busca una reducción inmediata del precio en los surtidores. Berlín justifica la medida por el impacto de la crisis de Oriente Próximo no sólo sobre los hogares, sino también sobre autónomos, empresas, logística y desplazamientos cotidianos. Es una intervención horizontal: quien compra carburante se beneficia de la reducción.
España también utiliza el impuesto como amortiguador
Madrid había seguido una lógica comparable desde la primavera. La reducción del impuesto sobre hidrocarburos se ha retirado progresivamente hasta cinco céntimos por litro en septiembre, pero incorpora una cláusula automática que permite elevar de nuevo el alivio hasta 20 céntimos si la inflación interanual de los carburantes supera el 15%. Para el gasóleo, el mecanismo ya se reforzó en septiembre ante la evolución de los precios.
Francia ha elegido otra vía. El dispositivo de los «grands rouleurs» concede 100 euros a trabajadores modestos que necesitan su vehículo para trabajar. El Gobierno prepara ahora su prolongación y mantiene además mecanismos específicos para sectores particularmente expuestos, como la pesca y la agricultura.
¿Por qué París rechaza una rebaja para todos?
La explicación es principalmente presupuestaria y distributiva. Bercy sostiene que reducir los impuestos para todos supone gastar recursos públicos también en hogares que pueden absorber la subida. Una rebaja general cuesta además varios miles de millones: la reducción aplicada en Francia durante la crisis energética de 2022 tuvo un coste estimado por la Cour des comptes en 7.600 millones de euros.
El Gobierno añade un argumento climático: subvencionar cada litro reduce la señal de precio destinée à disminuir el consumo de combustibles fósiles. Y una reducción del IVA encuentra además un obstáculo jurídico europeo, que no permite aplicar un tipo reducido a los carburantes. París podría, en cambio, actuar sobre otros componentes de la fiscalidad energética.
Pero el debate cambia cuando el choque deja de afectar únicamente a los hogares más modestos. Emmanuel Macron reconoció el viernes que los precios en los surtidores habían alcanzado niveles históricos. El SP95-E10 se situaba alrededor de 2,17 euros y el gasóleo en 2,39 euros. Desde enero, el consumo de carburantes por carretera ha caído más de un 5%.
Une aide ciblée protège mieux, mais pas tout le monde
Dire que toute la population subit exactement le même choc serait toutefois excessif. Les ménages sans voiture ne supportent pas directement la hausse à la pompe et l’exposition varie fortement selon le lieu de résidence, les revenus et les kilomètres parcourus. Les zones rurales et périurbaines, où les alternatives à la voiture sont plus faibles, sont particulièrement vulnérables.
La question française devient donc celle du seuil. Le ciblage permet de concentrer l’argent public sur les consommateurs les plus dépendants. Mais lorsque le carburant dépasse durablement deux euros et renchérit aussi le transport, la logistique et les prix des entreprises, le choc dépasse les seuls « grands rouleurs ».
Berlin et Madrid considèrent désormais la fiscalité comme un amortisseur temporaire de ce choc global. Paris préfère encore sélectionner les bénéficiaires et préserver ses recettes, dans un contexte budgétaire beaucoup plus contraint. Ce n’est donc pas l’absence d’un levier fiscal qui distingue la France, mais le choix politique et budgétaire de ne pas l’utiliser, à ce stade, de manière générale.
