MADRID — La reforma del subsidio de desempleo para mayores de 52 años tendrá un impacto acumulado de 17.935 millones de euros sobre la Seguridad Social hasta 2030, según el análisis publicado por Fedea. El estudio examina el efecto de la cotización asociada a esta ayuda y el crecimiento del número de beneficiarios desde la reforma aprobada en 2019.
Más beneficiarios y una pensión futura más elevada
El subsidio permite mantener una cotización para la jubilación mientras la persona permanece desempleada. Ese mecanismo mejora la pensión inicial de quienes llegan a la jubilación después de haber recibido la prestación, pero también incrementa el coste para el sistema público. Fedea calcula que el gasto adicional acumulado incorpora tanto las cotizaciones como el efecto posterior sobre las pensiones.
El número de perceptores ha aumentado de forma notable. En 2025, más de 458.000 personas recibían el subsidio, casi el triple que dos décadas antes. Las previsiones apuntan a que la cifra podría aproximarse a 530.000 beneficiarios en 2030 si se mantiene la tendencia observada.
La reforma tiene así dos efectos simultáneos. Por un lado, protege los derechos futuros de trabajadores con dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Por otro, eleva la factura de la Seguridad Social y puede reducir el incentivo a aceptar empleos de menor remuneración o con bases de cotización inferiores.
Un debate entre protección y sostenibilidad
El análisis de Fedea plantea la necesidad de separar el coste presupuestario de la prestación y sus efectos sobre el empleo. El subsidio cumple una función de protección para personas de edad avanzada que permanecen fuera del mercado laboral, pero su diseño influye en la duración del desempleo y en la transición hacia la jubilación.
La cuestión tiene también una dimensión territorial. La distribución de los perceptores no es homogénea y depende de la estructura productiva, la edad de la población activa y la capacidad de generar empleo estable. Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana combinan sectores industriales y de servicios con perfiles laborales diferentes, por lo que el impacto puede variar entre territorios.
El debate no se limita a una cifra global. La evolución del número de beneficiarios, las carreras de cotización y el acceso a empleos compatibles serán claves para valorar el coste real de la reforma. Fedea reclama interpretar el resultado con una perspectiva de largo plazo, tanto para las cuentas públicas como para la protección de los trabajadores.
