MADRID — El Gobierno negocia a contrarreloj para cerrar un nuevo decreto de vivienda antes del Consejo de Ministros del martes, después de que Sumar haya elevado la presión sobre el PSOE y anunciado que sus ministros no acudirán a la reunión si la aprobación de las medidas no figura en el orden del día.
La negociación dentro del Ejecutivo entra así en un fin de semana decisivo. El objetivo es acordar un paquete que refuerce la protección de los hogares vulnerables frente a los desahucios y dé respuesta a los contratos de alquiler que llegan a su vencimiento, mientras el Gobierno busca además los apoyos parlamentarios necesarios para evitar que el decreto sea posteriormente rechazado en el Congreso.
Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros
Sumar ha fijado el martes como límite. La formación reclama que el decreto sea aprobado inmediatamente y considera insuficiente seguir negociando sin llevar las medidas al Consejo de Ministros.
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, aseguró este sábado que los ministros de la formación no participarán en la reunión si el decreto de vivienda no está incluido en el orden del día. La presión aumenta después del desahucio esta semana de Maricarmen, una mujer de 87 años en Barcelona, un caso que ha reabierto el debate político sobre la protección de los inquilinos vulnerables.
Entre las medidas negociadas figura una nueva moratoria frente a determinados desahucios cuando afecten a hogares vulnerables sin alternativa habitacional. También se estudian mecanismos relacionados con la renovación de contratos de alquiler y compensaciones o incentivos para propietarios afectados por las prórrogas.
El Gobierno necesita también cerrar los apoyos en el Congreso
El acuerdo dentro de la coalición es solo la primera parte de la negociación. Una vez aprobado como real decreto-ley, el texto tendrá que ser convalidado por el Congreso, lo que obliga al Gobierno a buscar nuevamente el respaldo de sus socios parlamentarios.
Junts vuelve a ocupar una posición relevante en esas conversaciones. El Ejecutivo intenta alcanzar una fórmula que permita ampliar la protección de los inquilinos sin bloquear el respaldo parlamentario necesario para mantener las medidas en vigor.
El calendario reduce el margen de maniobra. PSOE y Sumar disponen del fin de semana y del lunes para cerrar un acuerdo si quieren que el decreto llegue al Consejo de Ministros del martes. La vivienda vuelve así al centro de la tensión interna del Gobierno, esta vez con una fecha límite y con la participación de una parte del Ejecutivo en el próximo Consejo vinculada directamente a la aprobación del texto.
