MADRID — El Consejo de Ministros ha aprobado las condiciones de una línea de avales públicos de 50 millones de euros destinada a facilitar financiación a empresas y trabajadores autónomos de Ceuta afectados por las consecuencias económicas de la crisis de finales de julio. El instrumento será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial y se suma al paquete de medidas desplegado por el Gobierno para sostener la actividad económica de la ciudad autónoma.
La línea contará con dos modalidades. La primera permitirá financiar necesidades de liquidez y capital circulante, incluidos salarios, facturas, obligaciones financieras o tributarias y otros gastos corrientes. La segunda estará destinada a nuevas inversiones vinculadas al mantenimiento, recuperación, adaptación o relanzamiento de la actividad empresarial.
Hasta el 80% de la financiación para las pymes
La garantía pública podrá cubrir hasta el 80% del principal de las operaciones concedidas a pequeñas y medianas empresas y hasta el 70% en el caso de las grandes compañías. Los avales serán gratuitos tanto para las empresas como para las entidades financieras adheridas al programa.
Los préstamos destinados a liquidez podrán alcanzar un plazo de amortización de hasta cinco años. Para las operaciones de inversión, el máximo será de siete años, ampliable hasta diez en determinados proyectos del sector agrícola. Podrán acogerse empresas y autónomos con domicilio social, centro de trabajo o establecimiento económico en Ceuta que cumplan las condiciones de elegibilidad.
La medida cubre operaciones formalizadas desde el 31 de julio y hasta el 15 de diciembre de 2026. Los avales podrán concederse hasta el 31 de diciembre.
408 solicitudes de ayudas en día y medio
El Gobierno ha aportado además un primer indicador sobre la demanda de las ayudas directas habilitadas para el tejido económico ceutí. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha informado de que la Agencia Tributaria había recibido 408 solicitudes de empresas y autónomos apenas día y medio después de la apertura del plazo, iniciada el 14 de septiembre.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de noviembre y el Ejecutivo prevé que los primeros pagos se produzcan alrededor del 6 de octubre. Las ayudas directas forman parte del paquete aprobado a comienzos de septiembre para responder a las consecuencias económicas y sociales de la crisis.
El conjunto de medidas moviliza 309 millones de euros durante lo que queda de 2026 para reforzar servicios esenciales, seguridad, atención humanitaria, acogida y apoyo económico. Dentro de ese dispositivo, el Gobierno reservó 80 millones para ayudas directas y otros instrumentos destinados a empresas y trabajadores.
Con la activación de los avales del ICO, la respuesta entra ahora en una fase de ejecución. El impacto dependerá de la capacidad de las empresas para acceder a la financiación y de la velocidad con la que lleguen las ayudas directas a un tejido económico que continúa absorbiendo las consecuencias de la crisis iniciada a finales de julio.
