MADRID — Pedro Sánchez ha comparecido este jueves en el Congreso para explicar, más de un mes después, la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y el papel de Marruecos. El presidente ha defendido la actuación del Gobierno, ha reivindicado la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y ha anunciado que el rey Felipe VI visitará la ciudad autónoma “en las próximas semanas”. Pero su intervención también ha dejado abiertas varias preguntas sobre las alertas previas y la capacidad de respuesta del Estado.
Sánchez niega pruebas concluyentes contra Marruecos
El presidente ha afirmado que no existen evidencias sólidas para concluir que la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio fuera diseñada por las autoridades marroquíes. Ha admitido, sin embargo, que la Gendarmería marroquí permitió el paso durante un periodo crítico de unas diez horas y que algunos agentes pudieron guiar a personas hacia la frontera. Para Sánchez, esos elementos no permiten establecer quién ordenó la operación ni si hubo una estrategia política de Rabat.
Su argumento se apoya en la ausencia de una prueba concluyente presentada por los servicios de inteligencia españoles, la Comisión Europea o un organismo internacional. También ha defendido que una ruptura de la cooperación con Marruecos agravaría la situación, especialmente en materia de retornos, lucha contra las mafias y control migratorio. El Gobierno asegura que alrededor del 90% de los participantes en la entrada masiva regresaron en 72 horas gracias a esa colaboración.
La contradicción de las alertas llega al Congreso
Una parte central de la comparecencia ha sido la discusión sobre las advertencias anteriores al asalto. Sánchez ha sostenido que el Ejecutivo no recibió una alerta que anticipara una entrada masiva. Ha reconocido la existencia de una nota rutinaria de Frontex y del CENIF, pero ha insistido en que no preveía un ataque coordinado contra la frontera de Ceuta.
La explicación choca con la información difundida sobre una nota del CENIF enviada el 29 de julio, que habría descrito un riesgo extremo de accesos coordinados por mar y por la valla. El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha asegurado que no existe un informe que atribuya a Marruecos la planificación o ejecución de la operación. La diferencia entre una alerta de riesgo frecuente y una advertencia específica será determinante para establecer si falló la transmisión de información o si el Gobierno interpretó de forma insuficiente las señales disponibles.
Sánchez ha anunciado la publicación de un dosier con los informes relacionados con la crisis y ha preguntado por qué el CENIF no remitió la nota a los superiores de la cadena policial o del Ministerio del Interior. La cuestión desplaza parte de la responsabilidad hacia la propia estructura administrativa, pero no elimina la exigencia política de explicar quién debía coordinar la respuesta.
Refuerzo fronterizo, integración europea y presión política
El presidente ha defendido el refuerzo de la frontera, la ampliación de recursos de acogida y las inversiones en inteligencia y ciberseguridad. También ha planteado que Ceuta y Melilla deben integrarse plenamente en la arquitectura europea y ha reclamado un estatus específico que permita reforzar su protección y financiación.
En materia humanitaria, Sánchez ha rechazado las devoluciones colectivas y ha recordado que España debe cumplir la legislación nacional, europea y los tratados internacionales. Al mismo tiempo, ha anunciado el traslado de 1.500 migrantes desde Ceuta a la península para aliviar la presión sobre la ciudad, una medida que deberá ejecutarse con las comunidades autónomas.
La oposición ha considerado insuficiente la explicación. Alberto Núñez Feijóo ha acusado al presidente de ocultar responsabilidades y ha planteado una disyuntiva política: incompetencia si desconocía la operación o complicidad si la conocía. Vox ha reclamado una respuesta más dura contra Marruecos. Sánchez, por su parte, ha acusado a la oposición y a la extrema derecha de alimentar el miedo y de utilizar la crisis como arma política.
La comparecencia no cierra la crisis. El Gobierno conserva la cooperación con Rabat como prioridad diplomática, pero debe aclarar la cadena de alertas, publicar la documentación prometida y explicar por qué la respuesta estatal no evitó que una frontera europea quedara desbordada. La visita del rey y las nuevas medidas anunciadas podrán reforzar la presencia institucional en Ceuta, pero no sustituirán las respuestas que todavía reclama la ciudad.
