MADRID — El Partido Popular ha pedido este martes a la Junta Electoral Central (JEC) que se pronuncie sobre las garantías del censo electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, después de que dirigentes del partido hayan considerado comprensibles las dudas expresadas sobre el voto por correo y tras las acusaciones lanzadas el lunes por José María Aznar contra Pedro Sánchez.
El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha anunciado que su formación solicitará formalmente a la JEC información y garantías sobre el censo. La iniciativa llega un día después de que Aznar afirmara que Sánchez sería capaz de “alterar el censo electoral” para obtener ventaja política. El expresidente no aportó pruebas de una manipulación y el PP tampoco ha presentado este martes indicios de que el censo haya sido modificado irregularmente.
Bendodo ha vinculado las dudas de algunos electores con las decisiones adoptadas por el Gobierno y ha defendido que las instituciones electorales deben ofrecer “todas las garantías”. El planteamiento introduce así la organización del proceso electoral en la precampaña del 29N, pero no equivale a la constatación de irregularidades.
El censo depende de la Oficina del Censo Electoral
La elaboración y actualización del censo corresponde a la Oficina del Censo Electoral, integrada en el Instituto Nacional de Estadística y sometida a la dirección y supervisión de la Junta Electoral Central. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece además mecanismos de consulta y reclamación sobre los datos censales durante el calendario electoral.
El voto por correo también sigue un procedimiento regulado. El elector debe solicitarlo dentro del plazo legal, la Oficina del Censo Electoral comprueba su inscripción y remite la documentación electoral por correo certificado. Una vez aceptada la solicitud, el ciudadano ya no puede votar presencialmente en la mesa electoral. Correos custodia y traslada los sobres hasta las mesas correspondientes dentro de los plazos establecidos.
La convocatoria anticipada publicada este martes en el BOE activa ahora los distintos plazos del 29N. El censo utilizado para el proceso y las eventuales reclamaciones quedan sometidos al calendario y a la supervisión de la administración electoral.
El PP lleva la cuestión a la JEC
La petición del PP desplaza parte de la polémica desde las declaraciones políticas hacia el organismo encargado de garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral. La JEC puede resolver consultas y dictar instrucciones dentro de sus competencias, pero la solicitud popular no presupone por sí misma la existencia de una alteración del censo.
La controversia se incorpora a una campaña que comenzó el lunes con una fuerte elevación del tono. Aznar presentó el 29N como una elección decisiva para la continuidad del sistema constitucional, mientras Sánchez ha planteado el adelanto como una oportunidad para construir una mayoría progresista más amplia. A 54 días de la votación, las garantías del proceso electoral pasan así a formar parte de la confrontación entre los principales partidos.
