MADRID — Pedro Sánchez ha elegido el 29 de noviembre para intentar transformar una debilidad parlamentaria en una nueva confrontación electoral. La convocatoria llega después de que el Congreso rechazara los dos decretos de vivienda del Gobierno con los votos de PP, Vox y Junts, y cuando la legislatura había entrado en una fase en la que aprobar nuevas medidas dependía cada vez más de negociaciones voto a voto. Adelantar las elecciones permite al presidente cambiar el terreno: del Congreso, donde ya no controlaba la mayoría, a una campaña en la que el PSOE puede volver a definir el adversario y el eje del debate.
La operación no parte de una posición electoral cómoda. Reuters presenta la decisión como una apuesta y señala que el PSOE llega por detrás en los sondeos. Precisamente por eso, el interés del movimiento está en el momento escogido. Sánchez no espera a que el bloqueo parlamentario se prolongue durante meses ni a que la legislatura termine consumida por sucesivas derrotas. Convoca inmediatamente después de una votación que permite construir un relato político sencillo: el Gobierno presentó medidas sobre vivienda y PP, Vox y Junts las tumbaron.
Convertir la vivienda en el terreno de campaña
La vivienda ofrece al PSOE un asunto capaz de conectar la actividad parlamentaria con una preocupación social de primer orden. Las protestas por el acceso a la vivienda y los desahucios han ganado visibilidad y el Ejecutivo prepara nuevas medidas pese a la disolución de las Cortes. Si logra mantener ese asunto en el centro de la conversación pública, Sánchez puede presentar el 29N no únicamente como un balance de su Gobierno, sino como una decisión sobre qué política aplicar a alquileres, desahucios y protección de los inquilinos.
Ese encuadre ya aparece en su discurso. Al anunciar las elecciones, Sánchez planteó la elección entre continuar con un Gobierno progresista o incorporarse a la “ola ultraderechista”. Sus ministros han trasladado el mismo esquema al terreno social. No demuestra que esa estrategia vaya a funcionar, pero sí identifica el marco con el que el PSOE pretende entrar en campaña: reducir una legislatura compleja, atravesada por la amnistía, las tensiones con sus socios y las causas judiciales que afectan al entorno socialista, a una confrontación reconocible entre dos modelos.
Una campaña de solo 54 días
El calendario también comprime la reacción de los adversarios. El decreto electoral abre este martes un proceso de 54 días. PP y Vox reclamaban elecciones y llegan preparados para convertir la campaña en un juicio a Sánchez. Pero a la izquierda del PSOE el escenario es menos cerrado. Sumar, IU, Más Madrid y los comunes preparaban para el 17 de octubre la presentación de Frente Amplio y todavía deben cerrar liderazgo y candidaturas. Podemos ha propuesto primarias abiertas los días 14 y 15 para negociar una eventual unidad.
El adelanto obliga así a ese espacio a resolver en días una recomposición que estaba todavía en marcha. Para el PSOE existe, al mismo tiempo, un riesgo evidente: una izquierda fragmentada puede perder eficacia electoral en varias provincias. Sánchez necesita movilizar ese espacio, pero no puede controlar cómo se reorganiza ni cuántas candidaturas acabarán compitiendo.
La fecha permite además al presidente acudir a las urnas con una economía que mantiene un crecimiento superior al de buena parte de la eurozona. Ese dato ofrece al Gobierno un balance material que contraponer a la inestabilidad parlamentaria. Los mercados tampoco reaccionaron este lunes con una señal inmediata de alarma: el IBEX 35 avanzaba alrededor de un 0,9% tras el anuncio, según Reuters.
El riesgo de convertir el 29N en un plebiscito
La contrapartida es que la convocatoria concentra también todo el desgaste sobre Sánchez. El PSOE llega a las urnas con investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno político y familiar, una mayoría parlamentaria rota y frentes abiertos como la vivienda o la presión migratoria. PP y Vox intentarán desplazar la campaña hacia esos asuntos y presentar el adelanto como el final de una legislatura agotada.
El 29N es, por tanto, una forma de recuperar iniciativa, no una garantía de recuperarla electoralmente. Sánchez renuncia a los meses que le quedaban de legislatura para evitar administrar un Congreso cada vez menos operativo y obliga a todos los actores a decidir en pocas semanas. Su apuesta consiste en que el bloqueo deje de ser leído como incapacidad del Gobierno y pase a ser una pregunta dirigida al electorado: qué mayoría quiere para desbloquearlo.
