MADRID — Fernando Grande-Marlaska volvió a defender este miércoles la cooperación con Marruecos frente a la crisis de Ceuta. El ministro del Interior aseguró en el Congreso de los Diputados que la colaboración de Rabat fue determinante para que más del 90% de las personas que entraron irregularmente en la ciudad autónoma regresaran a territorio marroquí en las primeras 24 horas.
La precisión es importante: la intervención de Grande-Marlaska se produjo en el Congreso, no ante la Audiencia Nacional. El frente judicial avanza en paralelo, bajo la dirección de la jueza María Tardón, que investiga las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio y el eventual papel desempeñado desde territorio marroquí.
Interior mantiene su confianza en Rabat
Grande-Marlaska insistió en que la cooperación y coordinación con Marruecos sigue siendo «excelente» y recordó que Rabat continúa aceptando retornos voluntarios. Interior también cifra en 174 los intentos de entrada abortados por las fuerzas marroquíes durante agosto, frente a 17 entradas irregulares consumadas.
El argumento del Gobierno se apoya así en la gestión posterior a la avalancha: sin cooperación marroquí, sostiene Interior, habría sido mucho más difícil devolver rápidamente a decenas de miles de personas. Esa posición coincide con la defendida por Pedro Sánchez, que ha reiterado que no existen pruebas concluyentes de que Marruecos diseñara la operación.
La actuación marroquí sigue bajo investigación
Pero la cooperación posterior no resuelve la principal incógnita sobre las horas previas y el desarrollo de la crisis. Un informe policial remitido a la Audiencia Nacional recoge que gendarmes marroquíes habrían guiado a migrantes hacia Ceuta y describe una actuación favorecedora desde territorio marroquí. La dirección de la Policía ha precisado, sin embargo, que ese documento no atribuye a Marruecos la planificación o ejecución de la entrada masiva.
La jueza Tardón ha abierto una investigación penal al apreciar indicios de una acción organizada que pudo afectar gravemente a la integridad territorial española. Este miércoles, además, admitió al Estado como acusación particular y perjudicado.
El resultado es una doble lectura todavía sin resolver: Madrid considera indispensable la cooperación marroquí para controlar la frontera y gestionar los retornos, mientras la justicia trata de determinar qué ocurrió exactamente al otro lado de la frontera cuando más de 70.000 personas cruzaron hacia Ceuta. Defender la cooperación actual con Rabat no elimina, por tanto, la investigación sobre su eventual responsabilidad en el origen de la crisis.
