MADRID — El Gobierno español ha renovado la autorización de explotación de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, hasta el 8 de junio de 2030. La decisión figura en la Orden TED/864/2026, fechada el 12 de agosto y publicada este viernes 14 de agosto en el Boletín Oficial del Estado. La medida prolonga aproximadamente 31 meses la actividad prevista de Almaraz I y 19 meses la de Almaraz II respecto a los permisos que expiraban el 1 de noviembre de 2027 y el 31 de octubre de 2028.
La renovación se apoya en el informe favorable, aunque condicionado, emitido en julio por el Consejo de Seguridad Nuclear. El regulador examinó la gestión del envejecimiento de las estructuras, sistemas y componentes, la protección contra incendios, la calificación ambiental de los equipos y la disponibilidad de recursos humanos. También concluyó que la central dispone de una solución suficiente para almacenar el combustible gastado hasta 2030 mediante la capacidad ya existente y la incorporación del almacén temporal individualizado ATI-100.
Condiciones de seguridad hasta el cierre
La orden mantiene los límites y condiciones de la autorización anterior e incorpora las exigencias del CSN. Entre ellas figura la obligación de conservar márgenes adecuados sobre la dotación mínima de personal en los puestos vinculados a la seguridad durante el periodo 2028-2030. La central seguirá sometida a la supervisión continua del regulador y al cumplimiento de sus documentos oficiales de explotación.
Almaraz, propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy a través de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, cuenta con dos reactores de agua a presión. La primera unidad comenzó a funcionar en 1981 y la segunda en 1983. Su continuidad aporta capacidad firme al sistema eléctrico peninsular en un momento de elevada atención sobre los precios mayoristas, el uso de centrales de gas y la seguridad de suministro.
Sin cambio automático para el resto del parque
La decisión afecta exclusivamente a Almaraz. No supone una prórroga automática para las demás centrales españolas ni modifica por sí sola el horizonte nacional de cierre nuclear en 2035. Cualquier cambio adicional requerirá solicitudes de los titulares, evaluación del CSN y una resolución específica del Ministerio para la Transición Ecológica.
Quedan pendientes las reacciones de Iberdrola, Endesa y Naturgy y la concreción del impacto económico de la extensión, incluidos los costes operativos, las aportaciones para la gestión de residuos y el combustible necesario. La prolongación sí despeja, hasta junio de 2030, una de las principales incógnitas inmediatas del calendario energético español.
