MADRID — La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que permita votar en las elecciones generales del 29 de noviembre a las personas nacionalizadas españolas por la llamada ley de nietos que ya figuran en el censo electoral. El Ministerio Público solicita reconsiderar la ejecución de la suspensión cautelar acordada por el alto tribunal ante la proximidad de la cita con las urnas.
La petición llega después de que la Abogacía del Estado reclamara el jueves levantar la suspensión respecto a los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El Gobierno sostiene que resulta materialmente imposible revisar a tiempo los expedientes afectados, que se aproximan a 170.000. La decisión final corresponde al Supremo.
Un censo cerrado desde el 1 de agosto
Según fuentes de la Fiscalía citadas por RTVE, la solicitud responde a razones de seguridad jurídica y legalidad. El censo que se utilizará el 29N quedó cerrado el 1 de agosto y solo admite modificaciones limitadas. Ejecutar ahora la medida cautelar podría provocar una suspensión progresiva de nuevas inscripciones, tanto antes como después de las elecciones.
El Ministerio Público considera que el adelanto electoral cambia la ponderación de los intereses en conflicto. Por ello, pide que el tribunal estudie la posibilidad de aplazar la revisión del censo, al menos durante el proceso electoral. También reclama que las personas afectadas puedan personarse en el procedimiento para defender sus derechos.
La controversia sobre la ley de nietos
El conflicto judicial se refiere a inscripciones en el censo exterior de ciudadanos que adquirieron la nacionalidad mediante una instrucción vinculada a la llamada ley de nietos. Vox e Iustitia Europa recurrieron esa regulación y el Supremo acordó suspender cautelarmente determinadas altas en el CERA. La medida no supone una sentencia definitiva sobre la legalidad de las nacionalizaciones, pero puede afectar al ejercicio del voto de quienes están incluidos en el procedimiento.
La cercanía de los comicios convierte la aplicación práctica de la suspensión en un problema electoral inmediato. El alto tribunal abrió un plazo de 48 horas para que las partes presentaran alegaciones, concluido el jueves. La Fiscalía y la Abogacía del Estado coinciden ahora en pedir que se preserve el voto de los electores ya inscritos durante este proceso.
Iustitia Europa solicita suspender las elecciones
La asociación Iustitia Europa ha presentado este viernes un nuevo escrito en el que solicita al Supremo aplazar cautelarmente las elecciones generales durante el tiempo constitucionalmente disponible que considere indispensable para ejecutar la medida sobre el censo. Argumenta que celebrar la votación sin resolver la controversia puede generar impugnaciones, tanto si votan personas afectadas por la suspensión como si se excluye a electores que finalmente no deberían quedar comprendidos en ella.
De forma subsidiaria, la organización propone marcar informáticamente a los electores afectados en el censo del 1 de agosto para facilitar la trazabilidad de sus votos. Se trata de peticiones de una de las partes, no de decisiones adoptadas por el Supremo.
El tribunal deberá decidir cómo compatibilizar la ejecución de sus medidas cautelares, los derechos electorales de los ciudadanos y la seguridad jurídica de los comicios del 29 de noviembre. Por el momento, la Fiscalía ha solicitado que se permita votar, pero el conflicto sigue pendiente de resolución judicial.
