BARCELONA — El Gobierno elevará en septiembre a 20 céntimos por litro la reducción fiscal aplicada al gasóleo, después de que su precio registrara en julio una subida interanual del 15,7 %. La evolución supera el umbral del 15 % previsto en la cláusula de salvaguarda aprobada por el Ejecutivo y activa automáticamente un refuerzo de la medida.
La rebaja será así diez céntimos superior a la vigente en agosto y también superará los cinco céntimos que figuraban inicialmente en el calendario de retirada progresiva de las ayudas. La decisión afecta al Impuesto sobre Hidrocarburos y busca amortiguar el encarecimiento del combustible utilizado de forma mayoritaria por el transporte profesional, la agricultura y una parte importante del parque automovilístico.
Una cláusula vinculada a la evolución de los precios
El mecanismo establece que la reducción fiscal puede aumentar cuando el precio de un carburante acumula una subida interanual igual o superior al 15 %. El dato definitivo de inflación de julio confirmó que el gasóleo se encareció un 15,7 % respecto al mismo mes del año anterior, lo que obliga a aplicar el tramo reforzado durante septiembre.
La gasolina queda fuera de este incremento adicional. Su precio avanzó un 7,3 % en un año, por debajo del nivel fijado para activar la salvaguarda, por lo que mantendrá una rebaja de cinco céntimos por litro. La diferencia responde, por tanto, a la evolución específica de cada carburante y no a una modificación general del sistema.
La reducción se practica sobre la carga fiscal, pero su efecto final dependerá de la evolución de las cotizaciones internacionales, los márgenes de distribución y los precios establecidos por cada estación de servicio. El descuento fiscal de 20 céntimos no garantiza por sí solo una caída equivalente e inmediata en el importe visible en los surtidores.
Impacto directo para el transporte y la logística
La medida tendrá especial incidencia sobre transportistas, empresas de reparto, operadores logísticos, agricultores y autónomos con un consumo elevado de gasóleo. Para estos sectores, el combustible constituye uno de los principales costes operativos y cualquier variación sostenida puede trasladarse a las tarifas, los márgenes y los precios finales.
El refuerzo también alcanzará a los hogares que utilizan vehículos diésel, aunque su impacto dependerá del consumo mensual. En los territorios de la Eurorregión, donde el transporte por carretera sostiene una parte relevante de los intercambios entre España y Francia, la evolución del gasóleo afecta especialmente a los corredores logísticos y a las actividades agrarias.
La aplicación comenzará en septiembre y deberá reflejarse en la fiscalidad del carburante durante ese mes. La evolución de los precios efectivos en las estaciones de servicio permitirá medir cuánto de la reducción termina trasladándose al consumidor y cuánto queda compensado por otros componentes del precio.
