MADRID — El Gobierno ve ya «muy probable» aprobar este martes en el Consejo de Ministros el real decreto-ley con nuevas medidas de vivienda, después de que el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, haya acelerado las negociaciones entre el PSOE y sus socios parlamentarios. Moncloa trabaja durante todo el fin de semana para alcanzar un acuerdo de mínimos que disponga también de los votos necesarios para superar posteriormente su convalidación en el Congreso.
El Ejecutivo considera que el desahucio de Maricarmen ha supuesto un «punto de inflexión» y ha acercado posiciones entre grupos que hasta ahora mantenían importantes diferencias sobre las medidas.
El Gobierno busca un acuerdo con Junts y el resto de socios
El principal obstáculo no está en aprobar el decreto en el Consejo de Ministros, sino en garantizar su supervivencia parlamentaria. Una vez publicado, el real decreto-ley deberá ser convalidado por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.
El Gobierno quiere evitar repetir las derrotas sufridas en febrero y abril, cuando Junts votó junto a PP y Vox. Las conversaciones con la formación de Carles Puigdemont han avanzado y el PSOE estudia las propuestas que su portavoz, Míriam Nogueras, entregó a Pedro Sánchez hace dos semanas.
Moncloa considera que todas las partes tendrán que ceder para alcanzar un acuerdo mínimo. Entre las medidas negociadas figura limitar o impedir determinados desahucios de personas vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional.
Sumar aumenta la presión para aprobar el decreto el martes
La negociación se produce además bajo una fuerte presión de Sumar. La formación ha anunciado que sus cuatro ministros no acudirán al Consejo de Ministros del martes si no se incluye un paquete efectivo de medidas de vivienda y reclama que el decreto sea aprobado «sí o sí».
Persisten, sin embargo, diferencias dentro de la coalición. Sumar exige también la expropiación de la vivienda de Maricarmen para que pueda regresar a ella, una propuesta rechazada por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que cuestiona su encaje constitucional.
El decreto que negocia el Ejecutivo tampoco es idéntico al denominado «decreto Maricarmen» presentado por el Sindicato de Inquilinas, que reclama contratos indefinidos mediante renovación automática, congelación de alquileres, medidas contra los contratos temporales y una moratoria efectiva de los desahucios sin alternativa habitacional.
La negociación continuará hasta las horas previas al Consejo de Ministros. Después de meses sin reunir los apoyos suficientes, el Gobierno afronta así el martes como la fecha con mayores posibilidades hasta ahora para sacar adelante el nuevo decreto de vivienda.
