El nuevo acuerdo industrial de la UE blindará inversiones estratégicas superiores a 100 millones

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La Comisión Europea ha propuesto el Industrial Accelerator Act (IAA), un nuevo marco regulatorio que impone condiciones obligatorias a las inversiones extranjeras superiores a 100 millones de euros en sectores estratégicos. El mecanismo, presentado el 4 de marzo de 2026, representa el giro más significativo de la política industrial comunitaria desde la creación del mercado único.

El IAA establece un régimen de control reforzado sobre las inversiones procedentes de países que concentran más del 40 % de la capacidad manufacturera global en cuatro sectores considerados críticos: baterías, vehículos eléctricos, tecnología solar fotovoltaica y materias primas estratégicas. En la práctica, la medida afecta principalmente a las inversiones de origen chino.

Para obtener la autorización de una Autoridad Nacional de Inversión, el inversor extranjero deberá cumplir al menos cuatro de seis condiciones: un tope de participación del 49 %, transferencia de propiedad intelectual, inversión del 1 % en I+D dentro de la UE, empleo de al menos el 50 % de mano de obra europea, estrategia de cadena de suministro local y estructura de empresa conjunta con socio comunitario.

El impacto sobre el eje Barcelona-Toulouse es directo. La región concentra capacidades industriales clave en tres de los cuatro sectores afectados: SEAT-Volkswagen en Martorell para vehículos eléctricos, el clúster de baterías de Aragón-Cataluña y los proyectos de hidrógeno verde en el corredor mediterráneo. Las condiciones del IAA podrían redirigir inversiones asiáticas hacia joint ventures con actores locales, fortaleciendo el tejido industrial eurorregional.

Además, el acto incluye cláusulas de preferencia europea en la contratación pública para productos de acero, cemento, aluminio y tecnologías netas en cero emisiones, lo que beneficia directamente al Port de Barcelona y a los hubs logísticos de Perpignan y Toulouse.

La entrada en vigor está prevista para los próximos meses, con aplicación efectiva del régimen de inversiones doce meses después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.

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