BARCELONA — Catalunya prepara un salto de escala en la adaptación de sus escuelas al calor. El Govern prevé desplegar el Pla Actualitza Clima para actuar sobre los 2.530 centros educativos públicos antes de 2031, con una movilización estimada de más de 2.500 millones de euros y una primera fase concentrada en un centenar de edificios prioritarios.
El plan anunciado por Salvador Illa responde a un problema que el propio Govern ya había incorporado a su hoja de ruta: mejorar el confort climático de los 2.530 centros de titularidad del Departament d’Educació. No se trata únicamente de instalar aire acondicionado. La planificación contempla una evaluación de los edificios y actuaciones destinadas a mejorar confort térmico, eficiencia energética y sostenibilidad.
100 millones para arrancar
La primera fase permite dimensionar el esfuerzo inmediato. El Govern prevé destinar 100 millones de euros a cien centros considerados prioritarios, con un coste medio aproximado de un millón por edificio y el objetivo de que las actuaciones estén en marcha antes de junio de 2028. El resto del programa se extenderá hasta 2031.
Por tanto, los 2.500 millones anunciados no equivalen a una partida presupuestaria desembolsada de una sola vez. El modelo prevé movilizar recursos durante cinco años y apoyarse también en ayuntamientos y diputaciones. Los municipios con capacidad para adelantar las obras podrán recuperar posteriormente la inversión mediante convenios con la Generalitat; para otros se contempla financiación del Institut Català de Finances con intereses bonificados.
Un mercado de obras a gran escala
La dimensión económica va más allá de Educación. Intervenir progresivamente en miles de edificios públicos abre un volumen significativo de actividad para construcción, rehabilitación, instalaciones térmicas, aerotermia, aislamiento y eficiencia energética. El programa convierte así la adaptación climática de las aulas en una política de inversión pública con impacto directo sobre empresas y administraciones locales.
La prioridad será determinar qué centros entran primero. El trabajo previo del Departament ya establece que el plan debe partir de una diagnosis de cada edificio y definir criterios de prioridad, presupuesto, calendario y tecnología adecuada. La situación térmica, las características constructivas y la eficiencia de cada instalación deberán ordenar las actuaciones.
El horizonte de 2031 coloca además el proyecto más allá de la actual legislatura. Su ejecución dependerá de que la movilización de 2.500 millones se traduzca año tras año en convenios, financiación y obras. La primera prueba será la puesta en marcha efectiva de los cien centros y 100 millones anunciados para la fase inicial.
