BARCELONA – Los Agents Rurals mantienen este sábado activado el nivel 4 del Plan Alfa, el máximo previsto, en 23 municipios de las provincias de Barcelona, Tarragona y Lleida. La medida responde a una situación de peligro extremo de incendio forestal y obliga a reforzar la vigilancia y las restricciones en las zonas más vulnerables.
La alerta afecta a municipios de siete comarcas. En Barcelona se concentra en el Alt Penedès; en Tarragona alcanza el Baix Penedès y el Alt Camp; y en Lleida se extiende por el Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà y el Solsonès.
Acceso restringido a tres espacios naturales
La Generalitat ha limitado también la entrada de visitantes a tres espacios naturales: la Ribera Salada y la Baronia de Rialb, en Lleida, y el Montmell-Marmellar, en Tarragona. El objetivo es reducir la presencia humana y evitar cualquier actividad susceptible de originar un fuego en áreas donde las condiciones facilitarían una propagación rápida.
El nivel 4 implica el grado máximo de movilización preventiva de los Agents Rurals. El dispositivo intensifica la vigilancia terrestre, el control de accesos y el seguimiento continuo de la evolución meteorológica y forestal.
Las autoridades recuerdan que en terrenos forestales y en sus inmediaciones deben evitarse por completo el uso de maquinaria capaz de generar chispas, la quema de restos, los trabajos con fuego y cualquier conducta de riesgo. Ante una columna de humo o un posible foco, la recomendación es avisar inmediatamente al teléfono de emergencias 112.
Un riesgo que condiciona el territorio
La activación llega después de varias semanas marcadas por grandes incendios en Cataluña, Aragón y el sur de Francia. La combinación de vegetación seca, temperaturas elevadas, baja humedad y cambios de viento mantiene bajo presión a los servicios de emergencia de la Eurorregión.
Además del impacto ambiental, una declaración de peligro extremo afecta a las actividades agrícolas y forestales, restringe el acceso a espacios naturales y puede alterar la movilidad y el turismo rural. La prevención se convierte así en una cuestión de seguridad, pero también de continuidad económica para los municipios expuestos.
