MADRID — En apenas quince días, España ha pasado del desahucio de una mujer de 87 años a la convocatoria de elecciones generales anticipadas. La muerte de Maricarmen Abascal, el 7 de octubre, ha dado una dimensión humana a una crisis que ya había alcanzado la Presidencia del Gobierno. Pedro Sánchez afronta ahora el 29 de noviembre con una doble cuestión: la continuidad de su proyecto político y la capacidad del PSOE para construir una nueva etapa después de casi una década marcada por su liderazgo.
- Una crisis social que los indicadores ya anunciaban
- El Congreso convierte la crisis en una ruptura institucional
- Ocho años de Gobierno y una década de liderazgo
- El 29-N y los límites de las encuestas
- ¿Existe un PSOE después del sanchismo?
- Tres escenarios para una nueva legislatura
- Maricarmen, la política y los límites de una legislatura
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La secuencia resulta excepcional. El 23 de septiembre, Maricarmen fue expulsada de la vivienda madrileña en la que había residido durante 71 años. Su caso desencadenó movilizaciones, manifestaciones y una acampada en la Puerta del Sol. El Gobierno respondió con dos decretos sobre vivienda, publicados el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Ambos fueron rechazados por el Congreso el día 2. Tres días después, Sánchez anunció elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.
El 7 de octubre, Maricarmen falleció en el Hospital Gregorio Marañón, sin haber podido regresar a su domicilio pese al acuerdo alcanzado para hacerlo. La crisis política, sin embargo, no nació con aquel desahucio: llevaba años acumulándose en el mercado residencial y en la fragilidad de los acuerdos parlamentarios.
Una crisis social que los indicadores ya anunciaban
Según el Instituto Nacional de Estadística, el precio de la vivienda aumentó un 12,2 % interanual durante el segundo trimestre de 2026. La subida alcanzó el 12,9 % en la vivienda de segunda mano y el 7,4 % en la nueva. Solo entre abril y junio, el incremento general fue del 3,4 %.
Son cifras de un mercado donde los precios avanzan a un ritmo superior al de los ingresos de numerosos hogares. La escasez de oferta en determinadas áreas metropolitanas, la presión demográfica y las dificultades para ahorrar una entrada hipotecaria agravan el problema. El retraso en la emancipación juvenil y el peso del alquiler sobre los presupuestos familiares han convertido la vivienda en una de las principales fuentes de inseguridad económica.
La crisis afecta particularmente a Madrid, Barcelona y otros mercados tensionados, pero también a ciudades intermedias y territorios turísticos. En el arco mediterráneo, desde Cataluña hasta la Comunidad Valenciana y Baleares, la demanda de residencia habitual convive con una fuerte presión turística.
Maricarmen no representaba el perfil habitual de quienes buscan su primer alquiler. Su caso planteaba otra cuestión: la protección de quienes llevan décadas residiendo en una vivienda y pueden perderla por cambios en la propiedad o conflictos contractuales. Esa combinación de problemas permitió que generaciones distintas se reconocieran en una misma movilización.
El Congreso convierte la crisis en una ruptura institucional
La respuesta del Gobierno llegó mediante dos reales decretos-leyes sobre vivienda y arrendamientos. Su rechazo el 2 de octubre, con los votos contrarios del PP, Vox, Junts y UPN, puso de manifiesto que la mayoría de investidura no garantizaba una mayoría legislativa estable.
La posición de Junts resultó especialmente relevante. El Ejecutivo dependía de acuerdos con formaciones cuyos intereses territoriales, económicos y parlamentarios no siempre coincidían con los del PSOE y sus socios de izquierda.
El bloqueo no obligaba constitucionalmente a convocar elecciones. Fue una decisión política del presidente tras una derrota parlamentaria de considerable trascendencia. Sánchez podía presentar la disolución como una oportunidad para solicitar un nuevo mandato; sus adversarios, como el reconocimiento del agotamiento de la legislatura. Ambas lecturas forman parte de la disputa política.
Cualquier Ejecutivo que surja del 29 de noviembre deberá construir mayorías para aprobar presupuestos, reformas y medidas de vivienda. El problema de la gobernabilidad no desaparecerá automáticamente con las urnas.
Ocho años de Gobierno y una década de liderazgo
Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018 mediante una moción de censura contra Mariano Rajoy. Antes había atravesado la crisis interna del PSOE de 2016, abandonado la secretaría general y regresado al liderazgo tras las primarias de mayo de 2017. Aquella victoria reorganizó el poder interno socialista y reforzó la relación directa entre el secretario general y la militancia.
Desde entonces ha dirigido distintas fórmulas de gobierno y negociado acuerdos con fuerzas políticas diversas. Su continuidad después de las elecciones de 2023 fue posible gracias a una mayoría compleja, formada alrededor de compromisos que no siempre podían trasladarse a cada votación legislativa.
Esa experiencia constituye una parte esencial de su trayectoria. También plantea una cuestión para el PSOE: hasta qué punto la identidad política del partido se ha vinculado a la figura de su secretario general. No implica que exista una sucesión abierta ni permite anticipar decisiones personales de Sánchez.
El 29-N y los límites de las encuestas
Los sondeos publicados al comienzo de la campaña sitúan al PSOE por debajo de los resultados obtenidos en las generales de 2023, cuando consiguió 121 escaños y aproximadamente el 31,7 % de los votos. Una encuesta mide preferencias en una fecha concreta, condicionadas por su metodología, la muestra y la estimación de participación.
Además, el sistema electoral español distribuye los escaños por circunscripciones provinciales. Los porcentajes nacionales no se traducen directamente en mayorías parlamentarias. La disputa del 29 de noviembre tendrá varias dimensiones: respaldo electoral, distribución territorial del voto y acuerdos de investidura.
Para Sánchez, la campaña plantea cómo presentar un programa de futuro después de ocho años en la Presidencia. En vivienda deberá explicar tanto las medidas propuestas como los resultados de las políticas aplicadas. El PP tendrá que concretar su alternativa, mientras Vox, las fuerzas a la izquierda del PSOE y los partidos territoriales defenderán sus propias prioridades.
¿Existe un PSOE después del sanchismo?
El PSOE dispone de una estructura territorial consolidada y dirigentes con responsabilidades ministeriales y autonómicas. María Jesús Montero ocupa la vicesecretaría general; Salvador Illa gobierna Cataluña y Emiliano García-Page preside Castilla-La Mancha. Óscar López, Diana Morant y Ángel Víctor Torres mantienen también responsabilidades políticas relevantes.
Sus trayectorias y bases territoriales son diferentes. No existe una sucesión federal formalmente abierta, y sería prematuro interpretar sus posiciones como candidaturas a unas primarias. La cuestión estructural es qué mecanismos tiene el partido para renovar su dirección y, sobre todo, su proyecto.
La socialdemocracia española deberá responder a problemas que afectan a su electorado potencial: vivienda, salarios, productividad, desigualdad generacional, financiación autonómica y transformación económica. También deberá definir su relación con las fuerzas a su izquierda y con los partidos nacionalistas y regionalistas, determinantes en distintas legislaturas.
La eventual renovación del liderazgo no resolvería automáticamente esas contradicciones: exigiría un debate programático y organizativo de mayor alcance.
Tres escenarios para una nueva legislatura
Un primer escenario sería una investidura de Sánchez respaldada por una mayoría suficiente. La continuidad exigiría negociar de nuevo los apoyos para las grandes decisiones legislativas y presupuestarias.
Un segundo escenario surgiría si una mayoría alternativa permitiera investir a otro presidente. El PSOE tendría entonces que definir su estrategia de oposición y decidir, mediante sus órganos internos, cómo organizar la siguiente etapa.
El tercero sería un Congreso fragmentado sin acuerdos suficientes para una investidura, con nuevas negociaciones sometidas a los procedimientos y plazos constitucionales. Ninguno de esos escenarios puede deducirse mecánicamente de una encuesta nacional ni implica por sí mismo una decisión sobre el liderazgo socialista.
Maricarmen, la política y los límites de una legislatura
La muerte de Maricarmen Abascal cierra una historia personal de extraordinaria repercusión pública. Su desahucio y las movilizaciones posteriores coincidieron con una crisis parlamentaria que modificó el calendario político. Sería incorrecto atribuir a una sola persona la responsabilidad de una crisis institucional acumulada durante años o convertir su fallecimiento en explicación única de la convocatoria.
La dimensión política de su historia reside en haber expuesto la distancia entre necesidades sociales, respuestas administrativas y capacidad parlamentaria de acuerdo. Sánchez llega a las elecciones con la vivienda en el centro de la agenda. El PSOE afronta, además, una cuestión que no depende exclusivamente del resultado: cómo preservar una identidad política reconocible y mantener capacidad de renovación tras una etapa prolongada de liderazgo.
El 29 de noviembre se elegirán nuevas Cortes. También se pondrán a prueba las respuestas de las fuerzas políticas a una crisis residencial que ha cuestionado la confianza en las instituciones.
